En el fondo, el programa de la Frontera Sur puesto en marcha por el gobierno mexicano busca frenar e inhibir la migración forzada de centroamericanos, haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos. El programa ha significado persecución inhumana, y el camino de los migrantes hacia el norte está prácticamente militarizado.

En el foro Migrantes centroamericanos en desaparición forzada, diversas organizaciones sociales señalaron que desde hace varios años el país vive una crisis permanente de derechos humanos, y en el fenómeno migratorio se refleja uno de sus rostros más desgarradores y crueles.

Fray Tomás González Castillo, coordinador del Hogar Refugio para Personas Migrantes La 72, en Tenosique, Tabasco, aseguró que la inacción, complicidad e involucramiento de las autoridades gubernamentales con los grupos paramilitares y la delincuencia organizada, en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes –incluso con las desapariciones forzadas–, forma parte de la gran estrategia para frenar el flujo migratorio centroamericano hacia Estados Unidos. Es fuerte, pero no hay otra explicación, dijo.

Dijo que México, junto con el Mediterráneo, son los lugares más peligrosos del mundo para los migrantes.

Explicó que intencionalmente, con la designación de Ardelio Vargas –jefe policiaco y quien se ha desempeñado en diversas áreas de seguridad e inteligencia– se ha militarizado el Instituto Nacional de Migración.

Además, denunció que las bandas paramilitares campean por el tren La Bestia, donde libremente extorsionan y secuestran a migrantes, y que las fuerzas de seguridad han copado las carreteras para inhibir los desplazamientos. Todo ello ha obligado a los centroamericanos a utilizar rutas diversas, que resultan más peligrosas y caras que las tradicionales.

En el acto, organizado en la sede del Centro Pro de Derechos Humanos, donde se denunció abiertamente la desaparición forzada de centroamericanos en su tránsito por México, los ponentes también exhortaron a construir mecanismos trasnacionales de búsqueda de migrantes, que tengan a los familiares de los desaparecidos como verdaderos protagonistas.

Además debe incluir un banco forense de datos, búsqueda en campo y acceso a la justicia, incluyendo la reparación del daño.

Nayeli Lara, de la Fundación para la Justicia, citó algunas cifras oficiales de esta lacerante realidad que vive el país. Dijo que la Procuraduría General de la República aceptó que tienen cerca de 25 mil restos no identificados –de los cuales se ignora cuántos son de migrantes– y solamente seis antropólogos forenses para identificarlos. Pero en dos periodos de seis meses, reportados en los años 2009 y 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supo de más de 21 mil personas migrantes secuestradas.