l acuerdo celebrado por la Alianza de Jornaleros de San Quintín con los gobiernos federal y local de Baja California, la madrugada del pasado jueves, constituye un logro parcial de las y los trabajadores agrícolas de esa región, quienes dos meses atrás se rebelaron contra las condiciones de explotación y abandono que han sufrido durante muchos años.
No sería correcto calificar el resultado de la lucha de los jornaleros, tomando como base únicamente los 13 puntos que componen el acuerdo firmado; habría que considerar otros factores, entre ellos, la manera en que se procese internamente la experiencia de las últimas semanas, el fortalecimiento organizativo de la Alianza, la consolidación de las relaciones que a nivel nacional e internacional han logrado y también su capacidad para hacer cumplir un convenio que en esencia contiene compromisos futuros.
Los 13 puntos del acuerdo podrían dividirse en cinco temas. En el primero las autoridades se comprometen a crear las condiciones para liberar y cancelar la acción legal contra 14 trabajadores detenidos y de cuatro menores. Son del dominio público las acciones violentas y provocadoras que asumieron las fuerzas policiacas en esa localidad, mismas que incrementaron el encono de los trabajadores de por sí agraviados por los diversos engaños y mentiras de las autoridades.
Un segundo tema está relacionado con el rechazo a los contratos colectivos de protección patronal que fueron firmados al margen de la voluntad de los trabajadores, por la CTM, CROC y CROM, al gusto de los empresarios. En el acuerdo se estableció el compromiso de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de otorgar el registro sindical a la Alianza de Jornaleros y de respetar el derecho de sus miembros a la libre autodeterminación gremial.
Un tercer punto está vinculado al incremento salarial, demanda fundamental del movimiento, frente a la cual la patronal ha mostrado una gran resistencia. Los gobiernos federal y local no pudieron o no quisieron sentar a los empresarios en la mesa de negociaciones para discutir la propuesta de los 200 pesos diarios de salario base que han venido reclamando los jornaleros. En el acuerdo, los gobiernos se comprometen a gestionar una definición empresarial que deberá estar concluida a más tardar el 4 de junio próximo, así como un pago retroactivo del incremento al 24 de mayo. El gobierno federal asumió el compromiso de cubrir la diferencia entre el incremento que den los patrones y los 200 pesos reclamados por los jornaleros. Es un punto de acuerdo de características extraordinarias y con un diseño poco claro en su texto; sin embargo, los jornaleros optaron por confiar en que las autoridades cumplan el compromiso.
Un cuarto aspecto está relacionado con una serie de acciones gubernamentales, que si bien tienen su sustento en la ley, en la vida práctica no se cumplen, como la obligación de afiliar a todos los trabajadores al Seguro Social, a respetar la integridad de las mujeres, evitar el trabajo de menores y obligar a los empresarios a cumplir con diversos deberes de corte laboral, como el sistema de pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y séptimos días, involucrando a la inspección laboral para lograr ese fin. La importancia del tema no es menor considerando que existe un gran número de jornaleros que carecen de la protección del IMSS y del respeto a derechos laborales básicos.
En un quinto aspecto del convenio los gobiernos asumen una serie de obligaciones orientadas a mejorar las condiciones económicas y sociales de la zona donde residen los jornaleros mediante un fideicomiso especial. También se comprometen a establecer medidas para preservar el carácter de beneficiarios de distintos programas sociales, los cuales han sido afectados por los desplazamientos de los trabajadores.
En este proceso, los jornaleros y sus dirigentes debieron asumir en corto tiempo tareas extraordinarias: lograr consensos internos para designar una vocalía colectiva, presionar a los gobiernos que ignoraban sus reclamos y que de manera constante opusieron tácticas dilatorias buscando desalentar a los inconformes; contrarrestar campañas publicitarias orientadas a desprestigiarlos ante la sociedad; también lidiar con algunos provocadores que extrañamente aparecen en las movilizaciones sociales pacíficas, generando actos de violencia que no corresponden a la conducta de los trabajadores. La construcción de relaciones ha sido un proceso que se ha extendido con creciente vigor por la gran simpatía que ha generado su movimiento en distintos ámbitos de la sociedad. A ello habría que agregar razones de afinidad cultural e histórica entre comunidades que trascienden el límite de las fronteras; pero sobre todo, asumieron la tarea de enfrentarse a un sector patronal insensible y soberbio acostumbrado a imponer su ley y ejercer su red de influencias en el ámbito gubernamental, ello explica en parte, la negativa de los gobiernos a ejercer su función. Es claro que la presión internacional será fundamental para que estas empresas modifiquen su actitud y accedan a cubrir un salario justo a sus trabajadores.
Este convenio, más que un final, debe entenderse como el principio de una etapa en la lucha de este sector de asalariados, particularmente agraviado, el cual repite problemas similares en otras regiones del país.
Si consideramos el punto de partida de los jornaleros habrá que reconocer que han desarrollado una tarea de gigantes: han logrado visibilidad, exhibido a los gobiernos y sus patrones y obligado al reconocimiento de su Asociación, pero sobre todo, han generado la esperanza de que consolidando su organización podrán mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Son muchas las tareas pendientes: identificar a sus verdaderos aliados, evitar las divisiones de siempre, prepararse para los nuevos retos y consolidar lo que parece ser su haber más importante, su profunda vida comunitaria, retos que en todo caso las organizaciones de trabajadores deben afrontar permanentemente.
