El sistema de justicia penal en México tiene que cambiar sustantivamente si pretende enfrentar los crecientes índices delictivos que se manifiestan cada día más cerca de los hogares del ciudadano común, sostuvo el doctor en derecho Serafín Ortiz Ortiz.

Especialista en temas de seguridad ciudadana, prevención del delito y política criminal, Ortiz Ortiz expuso en el primer Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, que tuvo lugar en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la urgencia de emprender estrategias de inteligencia más efectivas en el combate a los grupos delictivos y sumar a la población a las tareas de localización y ubicación de delincuentes, por lo que se hace necesario –dijo– implementar un programa nacional de recompensas con alcance federal, estatal y municipal, con el fin de incentivar la denuncia ciudadana, que en muchas ocasiones es testigo de hechos delictivos y de violaciones a los derechos humanos como consecuencia de la inseguridad y del crimen organizado.

Entrevistado, Ortiz Ortiz adujo la prioridad de crear el sistema penal preventivo, en el que los segmentos del mismo deben direccionarse hacia la búsqueda de la prevención antes que de la represión, y reducir al mínimo los factores de la violencia.

También propuso abandonar el prejuicio contra los avances científicos y tecnológicos, y por tanto plantea utilizar nuevos controles cibernéticos aplicados en los procesos penales para vigilar y resguardar a los procesados y con ello disminuir las detenciones preventivas y el arraigo. La colocación de chips o brazaletes electrónicos, así como la prisión intermitente y las restricciones de desplazamiento, son medidas cautelares que ya se aplican con éxito en otros países, dijo.

El académico se pronunció por la promoción de una mayor experticia (prueba pericial) en la procuración de justicia, con jueces de carrera judicial que garanticen excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. El programa deberá estar acompañado por mecanismos eficaces que permitan proteger en todo momento la confidencialidad y la seguridad de las personas que denuncian.

Entre los rubros de una nueva política criminal, dijo, en estos momentos es fundamental incentivar la denuncia ciudadana contra el crimen organizado y, con ello, la oportunidad de avanzar hacia una sociedad más segura y confiable para sus habitantes. En los últimos años la denuncia ciudadana ha encontrado en las redes sociales una valiosa herramienta para visibilizar algunos actos de corrupción cometidos por servidores públicos, por lo que ahora las autoridades deben tomar en consideración esa y otras plataformas de comunicación para denunciar actos delictivos de alto impacto.