La fracción del PRD en la Cámara de Diputados exigió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que aplique la ley contra el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que pretendió encubrir su ilegal y anticipada campaña electoral y fue sancionado con más de 500 millones de pesos de multa por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Miguel Alonso Raya, en nombre del sol azteca, calificó de “rebelde y retadora la actitud del PVEM, y pese a la sofisticación con la que los verdes quisieron encubrir su ilegal y anticipada campaña electoral, el partido fue denunciado y sancionado por las autoridades electorales.

No podía ni debía ser de otro modo, pues se trató de violaciones graves, sistemáticas y fraudulentas en las que el Verde utilizó recursos públicos y privados de origen ilegal para contratar y adquirir, también ilegalmente, la transmisión de aproximadamente 300 mil promocionales en Televisa y Tv Azteca, señaló.

La bancada del PRD en San Lázaro acusó al PVEM de contratar y pagar por espectaculares y propaganda fija en incontables espacios en vía pública, así como los llamados cineminutos a precios preferentes en salas cinematográficas del país, inserciones en revistas del Grupo Televisa y tarjetas de descuento que aún distribuye entre la población.

Por si fuera poco, insistió Alonso Raya, manipula programas sociales del gobierno federal sobre vales de medicinas, utiliza materiales no biodegradables en diversos objetos utilitarios propagandísticos y aprovecha indebidamente datos personales de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral.

Sin embargo, el TEPJF determinó que el INE carece de facultades para cobrar o retener de las prerrogativas del Verde el equivalente a tales multas mientras el mismo tribunal, en última instancia, no emita sentencia definitiva.

Pero el TEPJF, afirmó el perredista, no parece tener prisa ante las multas por cobrar, pues difirió la resolución de varios asuntos, tanto en la sala regional especializada como en la sala superior.”

En consecuencia, el INE deberá entregar al PVEM los recursos que había decidido retenerle por las reiteradas irregularidades en que incurrió, excepto una reducida cantidad de 13.4 millones de pesos.