l mismo año que se planteaba el pacto por México en la educación, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de 2012 proponía que el futuro de la universidad y de este nivel de instrucción debía construirse a partir de su integración, mediante un gran acuerdo nacional a gobiernos, empresarios y políticos. Ya en 1999, la Anuies había aprobado una propuesta de futuro en México para 2020 (La educación superior en el siglo XXI) y con Fox como presidente, ésta se convirtió en el plan gubernamental. De clarísima estirpe tecnocrática, no cedía un sólo momento a la reflexión sobre el significado que para el país y para la educación tenían las importantes conmociones sociales de años previos. El movimiento zapatista de 1994 reverberó profundamente en el ánimo estudiantil e incluso construyó en Chiapas un modelo de instrucción autónoma y regional, desde la primaria hasta la Universidad de la Tierra.

En su limitado horizonte tecnocrático, la clase dirigente tampoco captó las corrientes profundas de la inconformidad de los jóvenes evaluados, rechazados, vueltos a evaluar y una vez más rechazados. Por eso no anticiparon la profundidad y determinación que tendría el movimiento en la UNAM de 1999, que consiguió que ésta, una de las más importantes de América Latina, no votara por ese documento de la Anuies para el nuevo siglo. Así, al mismo tiempo que para las instituciones de educación superior del país en la Anuies se aprobaba un futuro de colegiaturas, facilidades a la educación privada, evaluación, acreditación, vinculación empresarial, subordinación de profesores y estudiantes, ese movimiento hizo también presente la otra idea de universidad: gratuita, autonóma, de carácter público, sin evaluaciones punitivas, democrática y orientada a retener a los jóvenes. Es decir, hizo presente todo lo excluido.

En 2012, la historia volvió a repetirse, aunque ahora con más profundidad: la Anuies publicó un documento sin tener en cuenta lo que había venido ocurriendo desde 2000: el surgimiento y fortalecimiento de un nuevo tipo de universidad, diferente a la visión oficial; la creciente y cada vez más amplia movilización magisterial que arrancó desde 2006 (y que luego sorprendió a la clase dirigente con una huelga nacional en 2013), sin percibir tampoco la creciente inquietud de los jóvenes por el deterioro de las condiciones de estudio y empleo (que se coronan en 2014 con la rebelión politécnica y la respuesta nacional de los estudiantes a la agresión a Ayotzinapa). De ahí que la nueva propuesta de la Anuies, pese a un nombre que quiso ser esperanzador (Inclusión con responsabilidad social, 2012) está ya en total desfase y contradicción con un contexto cada vez más desilusionado y encrespado precisamente contra los políticos y los gobiernos y sus arreglos con el empresariado. Sin embargo, en los hechos se continúa planteando que el único futuro de la educación superior está, precisamente, en la alianza con esos actores. Y más que alianza, una integración total de la universidad al circuito de los que hoy mandan (y mal) y su proyecto. Así, para revitalizar la educación superior y contribuir a un país incluyente, dice que es indispensable la “suscripción de un Acuerdo Nacional… donde se plasmen las voluntades de las IES (instituciones de educación superior), de los actores políticos y sociales y de los tres órdenes de gobierno…” (pág. 23). En clarísima minoría política, en la intimidad de esos acuerdos se disolverá la idea de la universidad como polo crítico de la vida nacional, y adoptará la visión de los vencedores. Asumirá como propia la agenda gubernamental y se convertirá en una estructura de apoyo de la acción providencialista gubernamental para resolver los problemas prioritarios para el desarrollo del país, como la pobreza, y marginación, la inseguridad, la delincuencia y el debilitamiento del tejido social, la alimentación, el desarrollo sustentable y el desarrollo productivo regional. (pág. 25), pero sin dejar ver que éstos no son más que la expresión de la subordinación atroz que viven muchos mexicanos. Ahora las subordinadas serán también las universidades (y pagarán un alto costo). Se trata de que las instituciones sirvan de apoyo a los gobiernos, a los políticos y grandes empresarios. Se promete prosperar con “…la coordinación de esfuerzos y recursos entre los diferentes niveles gubernamentales… las redes de vinculación de la Anuies, la Fundación Educación Superior-Empresa, las cámaras y organismos empresariales, las organizaciones de la sociedad civil…” (pág. 25). Es decir, estudiantes y profesores-investigadores, todos, a los programas de la Sedesol, de la Secretaría de Economía, a la integración de planes de estudio al gobierno, y a ponerse al servicio de la sociedad y las autoridades para abatir la inseguridad...!!! (pág. 27). Hasta la carrera académica, es decir, las condiciones laborales, serían ahora definidas desde esa alianza (pág. 26).

En un momento de descrédito de gobiernos, grupos empresariales y partidos, se propone nada menos que la universidad se disuelva en esa su idea de país. Pero no les será fácil integrar nuevos actores a pactos cada vez menos legitimados. Volveremos al tema.

* Rector de la UACM