La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) orientará a los ciudadanos que acudan a sus instalaciones a presentar quejas por violaciones a las garantías en materia electoral, sobre el procedimiento que deben realizar para que su denuncia sea atendida por el Instituto Electoral capitalino (IEDF).

Tras suscribir un convenio de colaboración con la CDHDF, el instituto electoral capitalino se comprometió a atender todas las quejas que ciudadanos le presenten por presuntas violaciones, de acuerdo con la cláusula primera del acuerdo entre los organismos.

Además, las dos instancias se comprometieron a que las personas que acudan a la CDHDF serán informadas del trámite normativo a seguir, que es competencia directa del IEDF y no de la Comisión de Derechos Humanos local, en apego a las normas.

Para evitar confusiones designaron como responsables de los operativos que se realizarán en este proceso al titular de la Unidad Técnica de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral por parte del IEDF, David Raúl Córdova Tell, y al director general de orientación y quejas de la CDHDF, José Antonio Garibay, quienes coordinarán todas las acciones, por lo cual mantendrán comunicación constante y reuniones periódicas.

El convenio, que ha sido un tema tratado en anteriores procesos electorales, fue firmado el pasado miércoles por la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, y por el consejero presidente del IEDF, Mario Velázquez Miranda, por lo que a partir de ese día entró en vigor.

A la CDHDF han acudido ciudadanos que consideraron que se violaron sus garantías, por ello el instituto se comprometió a atender esas quejas.

Además, el organismo autorizó hacer públicos todos los datos que aparecen en el convenio para conocimiento de los habitantes de la capital; asimismo, lo exhibe en su página oficial de Internet, con ello, señaló, se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Ante la importancia del proceso electoral, ambos organismos coincidieron en la relevancia de generar una articulación para atender, acorde al principio de especialidad en la materia, a las personas que acuden a sus instituciones para que puedan ser apoyadas en los procedimiento que deben seguir.