La trata de personas debe tipificarse como un crimen de lesa humanidad en todos los organismos internacionales, de conformidad con el Estatuto de Roma, señala la declaración final de la primera Cumbre Iberoamericana Sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas de la Federación Internacional de Ombudsman (FIO), realizada en Bogotá, Colombia.

Además, ante el aumento desmedido de la trata y el tráfico ilegal de personas, las instituciones defensoras de derechos humanos de los países que conforman esta federación propusieron que la víctima de estos delitos sea el centro de atención de las políticas públicas, que incluyen desde luego el derecho a la reparación integral del daño.

Resultado de esta cumbre, los defensores del pueblo, procuradores, comisionados y presidentes de comisiones públicas de derechos humanos de Iberoamérica coincidieron en la necesidad de visibilizar que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los estados, sino una problemática que requiere de un abordaje integral de derechos humanos.

En su diagnóstico, los ombudsman advierten que la trata de personas constituye un grave delito de carácter nacional y trasnacional, que en su aumento desmedido afecta de manera sistemática, profunda e irreversible los derechos de las y los habitantes de los estados, y que para su erradicación es necesario definir e implementar estrategias globales eficaces.

Aunque se reconoce que hay una gran preocupación de los estados por el flujo interno y externo de las personas, que ha generado el establecimiento de diversas políticas de inmigración, estas acciones no resultan armónicas en materia de flujo migratorio.

Por ello, en la llamada Declaración de Bogotá, los ombudsman nacionales se comprometen a adelantar las acciones que sean necesarias para que dentro del ordenamiento jurídico se incorporen los principios internacionales de derechos humanos, que no criminalicen la migración y reconozcan la trata de personas como crimen de lesa humanidad.

En un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se informó que en su participación en dicha cumbre, su titular, Luis Raúl González Pérez, planteó la necesidad de intensificar los esfuerzos para unificar las estrategias de intervención, promoción y defensa en zonas fronterizas, articulando iniciativas de las instituciones públicas de derechos humanos, a fin de incidir sobre la disminución de la trata y tráfico ilegal de personas.