En México prevalece el uso opaco de los recursos públicos que se destinan a tareas de prevención de la violencia por conducto de organizaciones de la sociedad civil, lo que ha tenido un impacto desalentador, afirmó Clara Jusidman, presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social).

Al presentar los resultados de la evaluación de los fondos de apoyo destinados a tareas de prevención, indicó que es necesario establecer criterios transparentes y de coordinación, porque hay muchos problemas para dar seguimiento a la forma en que se invierten esos recursos en estados y municipios.

Agregó que las organizaciones deben conocer las herramientas que les permitan acceder a mecanismos para financiar sus proyectos, pero también requieren de esquemas mínimos que deben cumplir para obtener los recursos.

Jusidman consideró que otro reto es fortalecer la integralidad en el trabajo de campo, pues muchas organizaciones realizan su labor sin coordinación, al desconocer otros esfuerzos orientados en la misma dirección.

Advirtió sobre el efecto negativo que genera la corrupción y recordó que en la evaluación de los diagnósticos de seguridad de 170 municipios se detectaron esquemas de desvío de recursos que involucraban tanto a autoridades estatales y municipales como a organismos académicos, sociales y colectivos.

Acerca de los resultados del estudio sobre las organizaciones sociales, Alfonso Celestino, de Incide Social, destacó que 57 por ciento de los grupos consultados expresó que las normas que regulan esta materia no es claro, y 40 por ciento aseguró que no conoce la Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia.

El estudio incluyó la revisión de 49 proyectos sustentados por 26 organizaciones, las cuales recibieron en total 60 millones de pesos para financiar sus propuestas entre 2011 y 2012.