Con un fondo inicial de 50 millones de pesos, el gobierno federal inició las acciones de ‘‘reparación integral’’ a las personas afectadas por los hechos del 30 de junio de 2014, en una bodega del municipio de Tlatlaya, estado de México, en los que murieron 22 civiles a manos de militares.

En una situación inédita, en este proceso inicial –que podría tomar entre uno y dos meses– se indemnizará a los familiares de las 13 personas que fueron ejecutadas por militares cuando ya se habían rendido tras un enfrentamiento. Un procedimiento posterior será el que se siga con los tres sobrevivientes.

Incluso, el monto podría llegar al final de la reparación del daño a un monto ‘‘de entre 70 y 80 millones de pesos’’, según reveló el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, quien destacó que esta acción deriva de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El 30 de junio de 2014, elementos militares sostuvieron un enfrentamiento con un grupo de presuntos secuestradores en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, en el que murieron 22 civiles, según se informó de manera oficial en un primer momento. Pero en septiembre pasado, una de las sobrevivientes reveló que la mayoría de los fallecidos habían sido ejecutados después de rendirse, generándose un gran escándalo.

Intervención de la PGR

Ya en octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó a militares del homicidio de ocho de los 22 civiles. Poco después, la CNDH emitió una recomendación y en un informe alterno concluye que ocho elementos militares ejecutaron a 15 de las 22 personas, dos de ellas menores de edad.

Todos se habían rendido y todos estaban desarmados. Los siete restantes no fueron establecidas como ejecuciones extrajudiciales. Actualmente, siete militares están presos por el caso, todos acusados de ejercicio indebido del servicio público, aunque sólo tres por homicidio calificado de ocho personas, además de que una veintena de funcionarios del estado de México siguen sujetos a investigación, según los reportes recientes del gobierno mexiquense.

La CEAV informó por su parte que dos de las 15 víctimas no han sido identificadas, por lo cual en un principio la reparación del daño será con los familiares de los 13 fallecidos. La primera reparación ya se otorgó a una de las familias.

Para determinar las acciones de reparación, el Comité Interdisciplinario Evaluador de la CEAV analiza ‘‘caso por caso’’, de conformidad con el marco jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos y tomando en cuenta criterios y estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además, precisó que quienes sufrieron otro tipo de daños, que no son la pérdida de vida, tendrán derecho a una reparación, pero ésta será en una segunda etapa y en otro momento.

Rochín del Rincón dijo sobre una ‘‘eventual disculpa’’, que ello forma parte de la reparación integral; la reparación en sí misma es una manera de ofrecer una disculpa por parte del Estado mexicano.

En un comunicado de la CEAV, que no fue remitido a los medios sino solamente subido a su página web, se señala que la compensación se otorga ‘‘por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables, que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos’’.