Ensenada, BC.

Después de 14 horas continuas de negociaciones con autoridades federales y estatales, los jornaleros de San Quintín lograron a las 5:30 horas de este jueves una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio de 13 puntos, que incluye el compromiso de gestionar un salario base de 200 pesos diarios y otorgar el registro como sindicato nacional a la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

En la mesa de diálogo, presidida por David Garay, titular de la Unidad de Gobierno, de la Secretaría de Gobernación (SG), se firmó la minuta de acuerdos entre los cuales destaca el compromiso de las autoridades federales y el gobernador Francisco Vega de Lamadrid de que a más tardar el 4 de junio la parte patronal presente una propuesta ‘‘lo más cercana posible” a los 200 pesos diarios que exigen los jornaleros y que el gobierno federal cubra la diferencia.

Los jornaleros consideraron que de esa forma se cumple la demanda central de su movimiento de fijar un sueldo base de 200 pesos diarios, homologado a todos los trabajadores del campo y retroactivo al 24 de mayo.

Rafael Avante, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se comprometió a otorgar, conforme a los requisitos legales, el registro como sindicato nacional a la alianza. La autoridad respetará lo que cada trabajador decida y a qué sindicato quiere afiliarse.

También se aprobó la creación del fideicomiso para el desarrollo de la zona, en un plazo no mayor de 60 días, con recursos de los gobiernos federal y del estado y la parte patronal.

La reunión, realizada en instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Ensenada, se inició a las 15:30 horas del miércoles, cuando llegaron los voceros de la alianza acompañados por jornaleros que viajaron desde la delegación Vicente Guerrero, luego de que el representante de la SG se negó a realizar el encuentro en San Quintín.

Al inicio, la mesa se estancó casi dos horas, pues Fidel Sánchez, Justino Herrera, Bonifacio Martínez, Lucila Hernández, Fermín Salazar y Juan Hernández exigieron la liberación inmediata de 18 jornaleros presos, 14 de ellos encarcelados desde el 17 de marzo.

Demandaron también la libertad de los cuatro trabajadores detenidos el sábado 9 de mayo, a quienes la juez Martha Flores fijó una fianza total de casi 24 millones de pesos. ‘‘Para un jornalero, el monto de esa fianza equivale a 150 años de trabajo’’, dijo Fidel Sánchez. Recordó que en varios casos de presuntos delincuentes, incluido el hijo de un ex gobernador acusado de nexos con el crimen organizado, los jueces fijaron fianzas de menos de 7 mil pesos.

Las negociaciones se atoraron de nuevo justo en la demanda central: el salario base de 200 pesos diarios y 20 por caja de fresa y mora, ante la respuesta del representante del Consejo Agrícola de Baja California, Alberto Muñoz, de que la parte patronal no modificaría su propuesta de 15 por ciento de aumento salarial, con sueldos diferenciados entre los ranchos agrícolas.

Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, criticó la actitud de los dueños de los ranchos, acusándolos de no mostrar voluntad alguna para resolver el conflicto laboral, cuando ni siquiera se presentan a la mesa de negociaciones con los jornaleros.

El gobernador Francisco Vega de la Madrid solicitó otro receso. Dijo que se comunicaría con los empresarios agrícolas de San Quintín para continuar la negociación. Tras una nueva encerrona, que ahora fue de toda la noche hasta el amanecer, se logró el acuerdo de ‘‘gestionar’’ que se acerquen a los 200 pesos diarios y que ‘‘el gobierno federal podrá cubrir la diferencia’’.

Posteriormente, a puerta cerrada, senadores, gobierno y líderes jornaleros aprobaron 12 de los 13 acuerdos, entre ellos promover la libertad de los detenidos, privilegiando un ambiente de pacificación y orden público. Los cuatro detenidos el 9 de mayo serían liberados en las próximas horas y los 14 restantes, quienes permanecen en prisión desde el 17 marzo, saldrían posteriormente.

Otros acuerdos son: iniciar la inmediata afiliación y credencialización de todos los jornaleros al Instituto Mexicano del Seguro Social, sin costo para los trabajadores; por ningún motivo las empresas podrán retener los salarios y se pagarán en los centros laborales; se transparentarán los conceptos que integran el salario; programa de mejoramiento de vivienda, seguridad y condiciones de higiene en que viven los jornaleros.

También, garantizar los derechos laborales con la aplicación estricta de la Ley Federal del Trabajo y el respeto a los derechos humanos, especialmente de las mujeres y sus familias, por lo que habrá inspecciones permanentes em los centros de trabajo. Las empresas deberán cubrir los requisitos necesarios para certificarse como libres de trabajo infantil. También se revisarán los programas sociales para que los trabajadores no pierdan su carácter de beneficiarios cuando cambian de empleo de un campo agrícola a otro. Con esto último y una cooperacha para la gasolina, los jornaleros dieron fin a una noche de desvelo.