n un comunicado emitido ayer, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que el gobierno federal indemnizará con más de 50 millones de pesos a las familias de las víctimas y sobrevivientes del ataque ocurrido el 30 de junio de 2014 en la localidad de Tlatlaya. Según el documento, el dinero se repartirá entre los afectados por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos. A mayor abundamiento, la comisión dijo haber identificado a 28 familiares de los muertos en esa jornada y a tres de los supervivientes, si bien argumentó que por protección a la privacidad y seguridad de las familias no informará los nombres ni las cantidades que asignarán a cada uno.

La medida anunciada es en sí misma positiva. La activación de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población resulta particular­mente necesaria en un momento como el presente, en el que convergen la violencia y la barbarie de las organizaciones delictivas con los atropellos y vejaciones cometidos por autoridades, como quedó demostrado en los hechos ocurridos en junio del año pasado en Tlatlaya, que dejaron un saldo de 22 personas muertas, la mayoría ejecutadas extrajudicialmente.

No obstante, la indemnización referida deja un mal sabor de boca por cuanto no se hace acompañar de acciones oficiales para esclarecer a fondo los hechos y procurar e impartir justicia. En efecto, aunque el anuncio de ayer es un reconocimiento tácito de que en Tlatlaya se cometió un atropello mayúsculo a los derechos humanos por parte de elementos de las fuerzas públicas, a casi un año de los hechos las pesquisas gubernamentales han derivado apenas en el procesamiento de siete militares, de los cuales sólo tres son responsabilizados por la autoría material de las muertes referidas, imputación que no guarda correspondencia con la magnitud de la masacre: no parece lógico que un puñado de soldados –entrenados en una sólida disciplina militar y en el acatamiento a las órdenes superiores– hayan sido capaces de actuar por su cuenta en la comisión de 21 homicidios; de ser así, el episodio no sólo sería indignante por los asesinatos de civiles inermes, sino también porque exhibiría una preocupante insubordinación en las filas del Ejército.

A casi un año de los hechos de Tlatlaya, persiste la sospecha generalizada de que el crimen referido no se ha investigado a fondo ni se ha esclarecido la cadena de responsabilidades que lo hicieron posible. En tal perspectiva, se corre el riesgo de que la indemnización anunciada ayer quede reducida a un intento inaceptable por cerrar el caso mediante el subterfugio de comprar a los deudos de las víctimas.

Para que esta perspectiva ominosa no se concrete, es necesario que el gobierno federal muestre la voluntad política necesaria y suficiente para ir a fondo en el esclarecimiento y el deslinde de responsabilidades en el episodio de Tlatlaya, habida cuenta de que esa es la única manera de garantizar que tales hechos vergonzosos y lacerantes no se repitan en lo futuro.