Con la mayoría de los consejeros del Institito Nacional Electoral (INE) que consideran que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) recibió financiamiento ilícito por 109 millones de pesos de sus grupos parlamentarios, dos temas concentrarán el debate y dividirán al Consejo General: determinar si hubo dolo en la actuación del instituto político, como se aprobó en el dictamen para ubicar la multa en 329.2 millones de pesos, y abrir un nuevo procedimiento oficioso, donde el organismo investigue si hubo subvaluación en el costo de los promocionales que le vendieron Televisa y Televisión Azteca.

En el dictamen se establece: el número de espots que se consideró fue de 239 mil 301, y utilizando como criterio la media, obtenemos un precio unitario promedio por promocional de $382.17.

Por ello, el representante del PRD, Pablo Gómez, acusó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, de encabezar una estrategia tendiente a anular lo sustancial de la conducta del PVEM: los 2 mil 500 millones de pesos que según el sol azteca serían el costo real de los promocionales, monto real del financiamiento ilícito, lo que implicaría sanciones por el doble de lo involucrado.

La idea es exonerar a las televisoras, dijo Gómez, quien acusó a la unidad técnica de fiscalización del INE y directamente a Córdova, del que dependería la orientación que tiene la investigación de elaborar un dictamen con altas probabilidades de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo revoque por inconsistente.

Agregó que los magistrados podrían devolver el expediente o, incluso, condonar la multa, como ya lo hicieron en 2011 con 190 millones de pesos que anularon, por errores de procedimiento.

El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, realizó visitas a los consejeros, previo a la multa millonaria prevista a su aliado el Verde.

Entrevistado sobre la multa que se prepara, indicó: El Verde es nuestro aliado, pero toma decisiones propias. Nuestro criterio es que lo hace buscando apegarse a la legalidad. Esperamos que con la misma vara sean medidos todos los que infrinjan la ley, pero de cualquier manera estamos en contra de un linchamiento al PVEM.

De aprobarse la sanción, se daría vista al Servicio de Administración Tributaria, a las contralorías de las cámaras de Diputados y Senadores, y a la Auditoría Superior de la Federación, por tratarse de recursos públicos utilizados para la campaña electoral.

Al término de una reunión de consejeros donde se discutió el tema, Enrique Andrade reconoció que hay consenso en que hubo financiamiento ilegal de los grupos parlamentarios (lo que garantiza que la sanción mínima superaría los 200 millones de pesos), pero hay diferencias en acreditar el dolo y en iniciar la investigación del precio que fijaron las televisoras.

Por otro lado, el PVEM recibirá además otra multa por un millón de pesos por no presentar 28 informes de precampaña en Sonora.