Saltillo, Coah.

Dado el número de víctimas de desaparición forzada y a que el tipo de delito se modificó, pues ya no se trata sólo de acciones del Estado para combatir grupos subversivos, sino del crimen organizado contra la sociedad, es apremiante que cada entidad federativa incorpore la figura jurídica de desaparición forzada y que las autoridades tengan claridad respecto de ese delito para que no se trate como secuestro, señaló Ximena Soley, doctora en derecho por la Universidad de Fráncfort del Meno e investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

Los desafíos para México son muchísimos. Lo que se puede resolver fácilmente es incorporar el delito de desaparición forzada de personas en los términos que exige la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en todos los estados de la Federación, indicó.

Al hablar durante el primer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos, la especialista instó a la creación de un banco de datos universal sobre personas desaparecidas y otro de datos genéticos y forenses.

También habrá que crear una base de datos de desaparecidos centralizada para todo el territorio nacional y otra con material genético para poder identificar restos (humanos). Además, hay que crear una instancia capacitada en antropología forense para extraer material genético de los restos. El Estado debe hacer todo esto porque es responsable de esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, indicó.

Ante alumnos de derecho, la investigadora consideró que México es uno de los países donde la desaparición de personas se transformó de manera más radical.

Se estima que anualmente 20 mil personas desaparecen en México. No se tiene certeza de cuántos casos son desapariciones forzadas y cuántos son fruto de la violencia privada. Sin embargo, considero que habrá bastantes donde la responsabilidad estatal juega un papel, ya sea por acción directa de sus agentes en el combate contra el narcotráfico o, como vemos en el caso de Ayotzinapa, por el apoyo de autoridades estatales a grupos del crimen organizado, expuso.