A más de siete meses y medio de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha informado sobre el destino de los mandos militares que estuvieron en Iguala la noche del 26 de septiembre, quienes son acusados por los padres de las víctimas de haber sido ‘‘omisos’’ y no actuar en defensa de los estudiantes cuando eran agredidos por policías municipales.

El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al rendir su tercer informe sobre el caso Ayotzinapa, señaló que sigue a la espera de entrevistarse directamente con los soldados del 27 batallón de infantería, y que mientras esto no suceda, no puede especular sobre el destino de los normalistas.

Responsable jerárquico

El principal responsable jerárquico de los militares en ese momento, el general Alejandro Saavedra Hernández –quien era comandante de la 35 zona militar, la cual tiene bajo su mando al 27 batallón de infantería con sede en Iguala–, fue ascendido a divisionario en noviembre pasado y días después fue nombrado comandante de la novena región militar con sede en Acapulco.

Sobre el comandante del 27 batallón de infantería, coronel José Rodríguez Pérez, la Sedena mantiene en reserva si actuó internamente en contra de ese mando, pese a que el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció que al momento de la agresión a los estudiantes el coronel estaba en una fiesta con el presidente municipal José Luis Abarca y su esposa.

Por otra parte, la Secretaría de la Defensa tampoco cumplió con el compromiso asumido por el gobierno mexicano de permitir a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala el ingreso a los cuarteles militares –al menos al de Iguala–, a pesar de que en enero había anunciado que accedería a esta petición

En reunión con diputados el 30 de octubre pasado, el general Cienfuegos reveló que si bien el 27 batallón de infantería cuenta con 564 elementos, cinco jefes y 43 oficiales, el día en que desaparecieron los normalistas sólo había 21 elementos operativos, porque era fin de semana y la mayoría estaban francos.

Dijo que no tenía conocimiento de las versiones de los padres y madres sobre que los soldados ‘‘amedrantaron y golpearon’’ a los jóvenes que habían acudido a un hospital privado para llevar a uno de sus compañeros heridos y que pidieron infructuosamente ayuda a los militares.

La dependencia también ha guardado silencio sobre una manta que apareció colgada el 31 de octubre pasado en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (cercana al cuartel de la 35 zona militar en Chilpancingo), dirigida al presidente Enrique Peña Nieto –firmada por el grupo delictivo Guerreros unidos–, donde se acusa al teniente Vicente Barbosa y al capitán Miguel Crespo, ‘‘del 27 batallón de infantería’’, de haber participado en la desaparición de los estudiantes.