s de preguntarse si es justo y sensato que el ciudadano Felipe Calderón Hinojosa utilice cuantiosos recursos públicos, en razón de haber vivido seis años en Los Pinos, para andanzas políticas favorables a sus intereses particulares, los de su esposa y los de una alicaída facción de un partido, Acción Nacional.

Más allá de lo que establezca el oprobioso decreto que cede pagos, guardia militar y equipo administrativo y de apoyo a quienes de por sí ya fueron mantenidos con lujos extremos y sin mayor control durante un sexenio (aparte de los sabidos negocios personales, familiares y grupales que han hecho casi todos los que han ocupado la Presidencia de la República), resulta aberrante que el dinero de todos sirva para que un privilegiado se dedique a hacer campaña electoral para unos cuantos. Se le paga a los ex gerentes de la nación no como un premio por los servicios prestados (si tal fuera el caso, todos los ex presidentes actualmente con vida estarían en altísima deuda; Calderón en lugar destacado por cuanto al saldo macabro de su gestión guerrera), sino en excesiva contribución por cuanto se supone que al dejar el máximo cargo político del país pasarán a un retiro en el que no tendrán trabajo remunerado ni deberían arrastrar la investidura anterior en faenas menores o en actividades oscuras.

La suerte de los ex presidentes ha sido disímbola: Luis Echeverría vive en una soledad marcada por el adelantado juicio histórico sobre su gestión; Carlos Salinas se ha especializado en los intentos fallidos de retomar poder desde las sombras; Ernesto Zedillo se ha convertido en servidor de intereses empresariales trasnacionales, académico y forista en el extranjero, y Vicente Fox se ha dedicado a incrementar la riqueza propia, de su esposa y de los familiares de ambos, entregado ya irónicamente al PRI y específicamente a la alabanza convenenciera de Enrique Peña Nieto.

Calderón ha preferido utilizar el dinero proveniente de un sacrificado pueblo mexicano para hacer grilla que ni siquiera es institucionalmente partidista, sino facciosa y familiar. Busca reivindicar su figura política no con una visión de estadista (de la que careció cuando ocupó fraudulentamente el mando nacional), sino con una ambición propia del pandillerismo politiquero: en Nuevo León se lanzó, sin mencionarlo por su nombre, contra el peculiar candidato independiente apodado El Bronco, comparándolo con el venezolano Hugo Chávez, tratando de excitar los ánimos derechistas contra el ex priísta que va superando a los candidatos tradicionales, entre ellos el panista. El famoso Bronco, también conocido como Jaime Rodríguez Calderón, respondió con un golpe a la línea de flotación de FCH al considerar que el michoacano podría haber estado crudo o pedo a la hora de emitir tan disparatada comparación.

El nuevo Calderón quiere presumir de que puede mezclarse entre el pueblo y caminar con la frente en alto, pero lo hace protegido por un blindaje militar. Lo mueve el objetivo de ayudar al posicionamiento de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, como aspirante a presidir el comité nacional panista, en competencia con el queretano Guillermo Anaya, promovido por el grupo dominante de Gustavo Madero, y posteriormente como candidata a la Presidencia de la República (¿otra pareja presidencial?

Haiga sido por lo que haiga sido, al activismo calderonista-zavalista correspondió la noche de este lunes el anuncio hecho por César Camacho, en nombre del PRI, de que solicita al Instituto Nacional Electoral (o lo que quede de él) la indagación del presunto financiamiento ilícito de dos campañas para gobernador, con la pretensión de que el registro de las candidaturas sea cancelado. En ambos casos se trata de personajes afines a Calderón. En Querétaro se acusa a Francisco Domínguez y en Baja California Sur a Carlos Mendoza Davis. Ambos fueron captados en grabaciones telefónicas cuando hablaban de seis kilos por mes que fueron conseguidos en negociaciones con un personaje llamado Kors, presunto jefe del crimen organizado en esa región. Resulta históricamente paradójico que el PRI haga acusaciones por financiamiento ilegal de campañas y por alianzas con grupos criminales, pero así ha decidido el partido de tres colores jugar sus cartas en esta ocasión.

A otro panista le cancelaron el registro. Fue gobernador de Jalisco, famoso por sus exabruptos verbales (mandó a chingar a su madre a sus críticos), su afición a las bebidas etílicas (de allí provino el juego de palabras que le impuso el mote de Etilio) y su proclividad hacia la ultraderecha (una especie de monaguillo político del cardenal Juan Sandoval). Practicante inconfeso de la gustada suerte del voto útil, Emilio González Márquez decidió apoyar extraoficialmente en 2012 a Enrique Alfaro como única opción viable para enfrentar al consorcio formado por el PRI y el PRD y el grupo que controla la Universidad de Guadalajara, estos dos entes manejados por Raúl Padilla. A fin de cuentas, el priísta Aristóteles Sandoval consiguió que el manipulable voto rural le diera un estrecho margen de victoria oficial y quedó como gobernador.

Ahora el comité municipal del PAN en Guadalajara ha decidido expulsar a González Márquez por alta traición. Es el cobro por la alianza que sostiene con Alfaro, quien este año busca la presidencia municipal como plataforma para insistir en 2018 en la gubernatura (e incluso en la búsqueda de la postulación presidencial por Movimiento Ciudadano), al frente de una corriente con aspirantes con buenas posibilidades de triunfo en varios municipios de Jalisco, especialmente los más poblados. El PAN ha pasado a un tercer lugar, centrada la pelea electoral entre el priísmo. De ahí el despecho.

Y, mientras en el consulado de México en Boise, capital del estado de Idaho, se habla de que llegará como titular el ex gobernador de Nayarit, Celso Delgado (tiene 73 años, pero al personal del Servicio Exterior Mexicano lo obligan a jubilarse a los 65), ¡hasta mañana, con la sublevante imposición de fianzas judiciales por 7 mdp a jornaleros de San Quintín!

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