En vísperas de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discuta y eventualmente sancione con 329 millones 295 mil pesos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el representante de ese instituto político ante el organismo, Jorge Herrera, comenzó el cabildeo con los consejeros para que disminuya la multa.

En principio, entre los consejeros hay diferencias sobre los alcances de la sanción, pues algunos consideran que no se acredita el dolo del partido, lo que implicaría reducirla en una tercera parte.

De aprobarse en sus términos la sanción que el domingo avaló la comisión de fiscalización del INE, el PVEM habría acumulado multas por 522.5 millones de pesos en este proceso.

Molesto, Herrera acusó al INE de actuar ilegalmente al pretender castigar al PVEM por una conducta de la cual ya fue juzgado y sancionado, en alusión a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó una multa por 76.1 millones de pesos por haber obtenido ventaja indebida de los promocionales sobre los informes de los legisladores.

La multa de 329.2 millones que se perfila ahora es por el financiamiento ilícito que ha hecho el grupo parlamentario del PVEM –legalmente impedido de dar recursos al partido–, que aportó 109 millones de pesos, además de actuar con dolo. No obstante, se conoció que en la valoración para sancionar la conducta, hubo consejeros que se inclinaban por acreditar ese monto como gasto de campaña y, en consecuencia, sumarlo en su momento al fiscalizar esos recursos.

Según versiones en el INE, el PRI habría intervenido ante los consejeros para que no se orientara la sanción en este sentido, por el impacto que le acarrearía al tricolor, debido la coalición parcial que tienen para la elección de diputados federales en 250 distritos electorales. A partir de estos comicios, violar el tope de gastos de campaña por más de 5 por ciento es causal de nulidad.

En el mejor de los casos...

A pesar de los cabildeos del PVEM, en el mejor de los escenarios para ese partido la multa se ubicaría en 218 millones de pesos, si los consejeros que consideran la inexistencia del dolo logran la mayoría. En la composición de la multa, el criterio aplicado es 200 por ciento del monto involucrado por financiamiento ilícito y 100 por ciento, por la presunción del dolo.

Para el representante de Morena en el INE, Horacio Duarte, más allá del monto de la multa, en realidad el organismo ha actuado en favor de considerar un mal menor para el PVEM, porque deja de lado aspectos sustanciales involucrados: la aportación en especie de las televisoras (por el costo reducido de los promocionales), no dar vista a la Procuraduría General de la República por tratarse de peculado con recursos públicos y no contabilizar el monto como gasto de campaña, pues con esos informes legislativos se pretendía posicionar al PVEM entre el electorado.

Duarte considera que la unidad técnica de fiscalización debió haber solicitado a la Secretaría de Hacienda el allanamiento del secreto bancario para investigar el costo real de los promocionales, indagar los precios entre las empresas, pues no es suficiente que el partido presente una factura con un determinado precio.

En este contexto, el INE turnó a la unidad técnica de lo contencioso electoral la petición de 140 mil ciudadanos que hace unos días le solicitaron formalmente la cancelación del registro al PVEM por la recurrente violación de la ley. La solicitud fue rencauzada como un procedimiento ordinario sancionador, el cual podría ser acumulado a la queja que en el mismo sentido promovió Morena.

En entrevista, Herrera descalificó la actuación del INE, pues ha encuadrado conductas que, dijo, son inexistentes, como el financiamiento ilícito de legisladores. Cuestionó que en un primer momento el instituto haya imputado al PVEM la denominada culpa in vigilando (que el partido no haya tenido la atención debida para evitar conductas ilícitas) y ahora se les pretenda acusar de dolo en la actuación.

Aseguró que el PVEM no tiene capacidad económica para asumir el monto de la multa que se le pretende imponer, pues es superior a los 323 millones de pesos que este año recibirá como financiamiento ordinario.