el desgaste a la represión, de la indolencia a la burla. Así puede resumirse la estrategia que el gobierno federal ha trazado para resolver el conflicto de los jornaleros de San Quintín.

Han pasado casi dos meses desde que, el pasado 17 de marzo, miles de trabajadores agrícolas de este enclave agroexportador estallaron un paro general para denunciar la salvaje explotación laboral que padecen y exigir un aumento salarial digno. En lugar de solucionar las demandas del movimiento, el gobierno de Enrique Peña Nieto apostó primero a su debilitamiento y desánimo y, después, a su contención violenta.

Sin embargo, ni una ni otra maniobras han sido eficaces para desarticular la protesta jornalera. A pesar de las ocho semanas de lucha transcurridas, ésta se sostiene alimentada de la combinación del hartazgo moral ante un modelo salvaje de explotación laboral y un tejido asociativo de base comunitaria cohesionado y vigoroso.

La represión del pasado 9 de mayo así lo muestra. Ese día, pretextando que se le quería prender fuego a un campo agrícola, la policía estatal preventiva golpeó a los pobladores del asentamiento triqui de Nuevo San Juan Copala cuando algunos de sus habitantes exhortaban a los trabajadores agrícolas a mantener el paro. Los habitantes respondieron enfrentando con rabia a los uniformados.

Nuevo San Juan Copala es una colonia de San Quintín, que en 2010 tenía poco más de mil 600 habitantes, en su mayoría triquis. Retoma el nombre de la comunidad de origen de sus fundadores en Oaxaca. Fue establecida formalmente en 1997, en terrenos ocupados, por jornaleros que buscaban una vivienda digna y que huían de los opresivos campamentos agrícolas. Desde entonces, la acción colectiva de sus pobladores logró obtener servicios e infraestructura básicos: lotificación ordenada, alumbrado público, agua potable, escuelas y mejoramiento de las calles. De manera simultánea, instauró una figura de representación política de los triquis.

Sus residentes han desarrollado –según explica Abbdel Camargo en Asentamiento y organización comunitaria– una forma de organización política y comunitaria que combina órganos tradicionales de autoridad basados en sus pueblos de origen con instituciones de nueva creación. Esta reinvención de la tradición les ha permitido apropiarse de nuevos espacios de residencia, desarrollar prácticas colectivas que generan una fuerte identidad cultural y fortalecer su capacidad de gestión.

La vida normativa de la colonia, explica Camargo, está organizada alrededor de tres figuras tradicionales, nativas de sus comunidades de origen. Estas son: la autoridad tradicional, representante político y mediador de la comunidad; el consejo de ancianos, que orienta y opina sobre los asuntos relevantes del asentamiento, y el sistema de mayordomías, encargado de la organización y realización de las fiestas en honor del santo patrono.

Así, cuando el pasado 9 de mayo la policía estatal reprimió a los residentes de Nuevo San Juan Copala para desalentar su lucha y mandar una señal a los jornaleros en paro de San Quintín de lo que les aguardaba, se topó con una vigorosa organización comunitaria, construida y forjada al calor de la lucha durante casi dos décadas. El resultado de esta maniobra fue contraproducente.

La violencia contra los pobladores de Nuevo San Juan Copala fue el último eslabón de una estrategia fallida. En un primer momento, el gobierno federal apostó por confinar la lucha al ámbito estatal, esperando a que se desinflara. Cuando el conflicto se nacionalizó e internacionalizó, tuvo que acceder a instalar una comisión negociadora, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda.

Lejos de buscar soluciones, la mesa de diálogo entre los jornaleros y los autoridades del pasado 24 de marzo fue una maniobra para hacer tiempo. La comitiva oficial, en la que estuvieron presentes el gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, y los titulares del IMSS, la STPS, senadores y diputados, llegó sin propuesta alguna. Primero impidió el paso de la prensa a la reunión. Después se comportó como si no supiera nada del origen del conflicto. Burlonamente, el mandatario estatal –según escribió Arturo Alcalde– dijo a los jornaleros: Tienen la palabra; ya estamos aquí. Dígannos cuáles son sus peticiones.

Los funcionarios públicos se dedicaron a enredar los trabajos. Finalmente, el subsecretario Miranda puso en marcha la operación descontón: sin que se hubiera convenido entre las partes, anunció un futuro encuentro el 8 de mayo, en el que daría solución integral a las demandas; inventó que había alcanzado un acuerdo, clausuró unilateralmente la reunión y metió a los periodistas al encuentro. Los jornaleros rechazaron que en esa negociación se hubiera pactado algo.

El séquito oficial abandonó San Quintín apresuradamente. Hasta los representantes del Poder Legislativo, que supuestamente asistieron a la sesión invitados por los huelguistas, actuaron como empleados del gobierno y se sumaron vergonzosamente al cortejo del Ejecutivo.

El 8 de mayo llegó y el subsecretario Luis Miranda dejó plantados a los trabajadores agrícolas. Más de 4 mil de ellos lo aguardaban para escuchar la respuesta a sus demandas. Cuando Fidel Sánchez Gabriel, el dirigente de la Alianza por la Justicia Social, le advirtió que se quedarían frente a las oficinas del gobierno estatal, el funcionario le reviró: No me conoces. Al día siguiente se hicieron sentir los toletes y las balas de goma de la policía.

A pesar de los casi dos meses transcurridos y de la represión en su contra, el movimiento de los jornaleros de San Quintín no da muestras de cansancio físico o anímico. Resiste, alimentado por la convicción de que hay que poner fin a un modelo de explotación bárbaro y por décadas de luchas comunitarias. Por lo pronto, se dispone a enfrentar la indolencia oficial organizando el boicot internacional hacia la producción hortofrutícola del Valle.

Twitter: @lhan55