Luego de condenar los actos de violencia y represión policiaca contra trabajadores agrícolas de San Quintín, jornaleros de ese valle de Baja California y diversas organizaciones campesinas exigieron al gobierno federal y estatal la atención inmediata de los más de 80 lesionados, la liberación de 14 detenidos desde el pasado 17 de marzo a la fecha y la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En conferencia de prensa realizada en la ciudad de México, Max Correa Hernández, de la Central Campesina Cardenista, y Fidel Sánchez Gabriel, vocero del Movimiento de Jornaleros Agrícolas de San Quintín, enlazado vía telefónica, ratificaron la decisión de iniciar el boicot internacional en Estados Unidos, para evitar la compra de frutas, legumbres y hortalizas que son exportadas de esta región, como una forma de protesta por la violación de derechos humanos y laborales que sufren los trabajadores en la siembra y cosecha de estos alimentos.

Precisaron que esta acción se definirá este lunes y martes, pues todavía estamos en el proceso de reunión con las organizaciones y sindicatos existentes en Estados Unidos para que también apoyen este boicot, dijo Fidel Sánchez.

En un pronunciamiento por separado, la Nueva Central de Trabajadores, de la que forman parte la Alianza de Tranviarios de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocó a un mitin de solidaridad con los jornaleros agrícolas para este lunes 11 de mayo, frente a la representación política del gobierno de Baja California en la ciudad de México, ubicada en la calle de Patricio Sanz 18, en la colonia Del Valle.

Señalaron que la irrupción violenta de los cuerpos policiacos en las casas de los trabajadores agrícolas, donde atacaron con toletes y armas de fuego a jornaleros, mujeres y niños, dejando un saldo de 80 jornaleros heridos, siete de ellos de gravedad, así como de decenas de detenidos, es una muestra de la represión que se vive en el país y de la brutalidad con la que se manejan los gobiernos federal y estatales.

Esta nueva central obrera expuso que la agresión a los jornaleros se dio en el contexto de la suspensión unilateral de la mesa de negociación entre la representación de los trabajadores agrícolas de San Quintín y el gobierno federal y estatal, ya que estos últimos no cumplieron el acuerdo de presentar propuestas de solución a las justas demandas de los trabajadores, como son libertad sindical, mejores condiciones de trabajo, seguridad social y salario de 200 pesos por jornada laboral.

Por ello exigió a los gobiernos federal y del estado de Baja California detener la escalada represiva en contra de los jornaleros y reanudar en forma inmediata la mesa de negociación para dar solución a sus demandas.

Los dirigentes campesinos y los trabajadores agrícolas responsabilizaron al gobernador de Baja California, al subsecretario Luis Enrique Miranda, y a los agroempresarios de la violencia y represión. Llamaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se atiendan las demandas de los inconformes.