Chilpancingo, Gro.

Leonel Rivero Rodríguez, abogado de Nestora Salgado García, comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) –en huelga de hambre en el penal de Nayarit desde el martes pasado–, apremió al gobierno federal a que sea trasladada adonde haya condiciones, no solamente para que pueda ser atendida de su salud, sino para que también se puedan desarrollar de manera expedita las audiencias.

Entrevistado por teléfono antes de visitar ayer a Salgado, manifestó que evidentemente la huelga de hambre agudiza ese estado crítico de salud; en este momento yo apenas la visitaré, voy a ver cómo está su estado anímico, su estado sicológico.

Agregó que está decidida a llevar esto a las últimas consecuencias y no levantará la huelga hasta que haya una resolución del gobierno federal y del de Guerrero sobre la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de solicitar medidas cautelares en favor de mi defendida y de trasladarla a otro penal donde puedan ser atendidos los problemas de salud que tiene.

Mientras, el gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que ante el caso Salgado no basta con la movilización y la presión política, sino el aspecto jurídico, y en cuanto a Nestora, solicitamos al fiscal del estado que hiciera el estudio para el desistimiento de la acción penal.

Mencionó que recibió una petición de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de la Cámara de Diputados federal para que nuevamente se haga esta solicitud al fiscal del estado, y se la hemos hecho ya.

También tenemos otra ruta, que es la que se suscribió con el Movimiento Popular de Guerrero (MPG), que es el tema de una ley de amnistía, que se consensuará con las organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para enviarla al Congreso del estado.

El problema es de tiempo

En tanto, el abogado Rivero Rodríguez explicó que la situación jurídica de la comandanta policial en Olinalá, Guerrero, presenta un atraso enorme en cuanto a los procesos, porque para que se realice alguna audiencia los jueces tienen que mandar exhortos de Guerrero a Nayarit. El problema es de tiempo, porque para que un juzgado pueda desahogar audiencias, cada exhorto tarda de tres a cuatro meses, y hasta la fecha no se ha reservado ninguna audiencia.

Recordó que estaban señaladas audiencias en enero, en las que tenían que rendir su declaración las presuntas víctimas, pero no llegaron, y ni siquiera hay condiciones para que se puedan llevar a cabo.

Por ejemplo, indicó, para las videoconferencias no hay condiciones en el juzgado de Tlapa. No tienen recursos tecnológicos para una audiencia o videoconferencia, y que pudieran acortarse los plazos. Si a eso agregamos que los juzgados en Guerrero estuvieron cerrados más de seis semanas (por el paro de labores de 57 días), pues eso también repercutió en perjuicio de mi clienta.

Insistió en que el pasado abril el juzgado primero penal de Tlapa resolvió uno de los dos incidentes por sobreseimiento que se habían solicitado, ya que un juez federal había determinado que no se había cometido el delito de secuestro, pero la juzgadora de Tlapa declaró improcedente el incidente; nosotros interpusimos la apelación, pero lo absurdo es que ni siquiera se ha dado trámite a la apelación; no la han podido enviar a Chilpancingo.

Se argumentó, primero, que a los dos o tres días estalló el paro, y luego que la notificación que le hicieron de manera personal –y que la enviaron por exhorto a Tepic– tampoco la han regresado. Ayer estuvimos en el juzgado de Tlapa y nos encontramos con la sorpresa de que todavía no habían enviado la apelación a Chilpancingo.

Hay otra situación de que nuevamente volvieron a enviar un exhorto para que se pudieran desahogar los careos, y los interrogatorios que ofreció el Ministerio Público, pero han pasado casi cinco meses y no ha sucedido absolutamente nada.

Recalcó que, como defensa, tomó el caso apenas en enero, pero nos preocupa la actuación de los jueces, sobre todo, de la jueza segunda de Tlapa. Nosotros hicimos unos ofrecimientos de pruebas, e indebidamente, y de eso estoy sorprendido, porque a lo largo de 32 años, nunca me había sucedido que una juzgadora me dijera que interrogar a unos testigos de cargo no es una prueba conducente para demostrar la inocencia de mi clienta.

Eso no solamente es ilegal, aclaró, es un cinismo judicial el que está prevaleciendo ahí. Estamos muy preocupados por lo que sucede, y por supuesto que vamos a apelar de la decisión la próxima semana. Estamos valorando presentar una queja al Consejo de la Judicatura del estado, porque si bien su criterio (de la jueza) es autónomo, también un secretario no puede rayar en la ilegalidad; esa es una cuestión que nos preocupa bastante.

Si a esto sumamos que “Nestora decidió el martes pasado ponerse en huelga de hambre, nos preocupa porque ella tiene un estado frágil de salud (…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le concedió las medidas cautelares para que el gobierno garantizara su integridad física, y se le atendiera, y además en determinado momento se le trasladara a otro centro de reclusión”.

Además hay un factor que debe quedar muy claro y lo queremos señalar: ella ya no tiene delitos federales; fue trasladada al Cefereso no por una orden judicial; un juez nunca determinó su traslado. De manera ilegal el secretario de Seguridad Pública de Guerrero (Sergio Lara Montellanos) fue quien solicitó a la autoridad federal que fuera internada Nestora en el Cereso cuatro de Tepic. Incluso esa solicitud fue presentada en la mañana, horas antes de que mi clienta fuera detenida, o sea el 21 de agosto (de 2013), y Nestora fue detenida a las 6 de la tarde.

Ni siquiera tiene que estar detenida

No hubo siquiera autorización judicial; no se le tomó incluso parecer al juez para el traslado, que fue de manera administrativa, y por supuesto totalmente ilegal ella ni siquiera tiene que estar detenida, obviamente, en un penal federal de alta seguridad, porque en principio el traslado y su ingreso fue ilegal, y en segundo lugar ella ya no tiene delitos federales, ya no tiene ninguna acusación federal.

Advirtió que Nestora está bajo resguardo de la autoridad federal, pero si el estado de Guerrero solicita su traslado, la autoridad federal no puede imponer ningún obstáculo para (hacerlo de inmediato); ya no se requiere autorización judicial, porque su traslado fue administrativo, en el contexto de los convenios de colaboración entre la Federación y los estados, convenio que fue violado, porque no fue mandato judicial.

Sostuvo que el traslado de Nestora a un penal federal fue una ilegalidad total, ya que el secretario (de Gobierno) no tenía facultades para trasladarla; el que puede determinar un traslado es el juzgador; el secretario lo tuvo que haber pedido a la autoridad federal, y al Ministerio Público, que es el único que podía solicitarle como orden acusador al juez, para que Nestora Salgado fuera trasladada al penal.

Más: El código de procedimientos penales de Guerrero ni siquiera contempla esa situación, de los traslados, o de ser internada en otro lugar o excepcionalmente fuera del territorio.

Es una situación a todas luces irregular que hemos venido denunciando, y que nos mantiene en esta incertidumbre jurídica. Los procesos no avanzan por el tortuguismo judicial, por los paros, y por la forma en que están actuando los jueces; aunado a esta situación administrativa que le corresponde al Ejecutivo estatal y federal, el que mi clienta sea externada de ese penal de alta seguridad.