Los jornaleros de San Quintín exigen el retiro de policías de la delegación Vicente Guerrero para generar condiciones de diálogo con las autoridades locales. Hasta anoche los uniformados permanecían en las inmediaciones del lugar del ataque calificado por los trabajadores y el abogado Arturo Alcalde de provocación y falta de voluntad política de los gobiernos federal y estatal para atender un pliego mínimo de peticiones.

“No se han retirado los integrantes de las policías estatal, municipal y ministerial. El secretario de Gobierno (de Baja California) quiere una reunión con nosotros, pero le hemos dicho: ‘retiren a la policía para evitar tensiones’”, indicó Fidel Sánchez Gabriel, uno de los cinco voceros de los jornaleros.

Mientras la administración del gobernador Francisco Vega advirtió que no se permitirán actos que atenten contra la seguridad y el libre tránsito, los trabajadores dijeron que las autoridades no han mostrado voluntad para atenderlos.

El 24 de abril pasado, después del paro de jornaleros en demanda de mejores condiciones laborales, se realizó una reunión en tono de burla, sostuvo el abogado Arturo Alcalde, de la comisión de la Unión Nacional de Trabajadores, solidaria con la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social de los jornaleros.

“Después de mes y medio, el gobernador les pregunta: ‘señores, digan qué es lo que piden, ¿cuáles son los nombres de los detenidos?’ Luego, abren las puertas del salón a la prensa para hablar de un acuerdo que no existía. Un teatro grotesco… Ahí les dijeron que se veían el viernes 8 de mayo”, comentó.

Alcalde precisó que los hechos de este sábado son resultado de una suma de agravios, ante la incapacidad y falta de voluntad para resolver un pliego petitorio muy modesto, de mínimos de ley: aumento salarial, eliminación de contratos de protección, prestaciones básicas, como prima vacacional, séptimo día y afiliación al IMSS.

Tampoco han tenido capacidad de convocar a los empresarios; entonces, las tácticas dilatorias son para desgastar a los trabajadores.

El plazo de 15 días (tras el encuentro del 24 de abril) resultaba absurdo para un movimiento que podría resolverse en tres días a partir de acciones de gobierno y convocatoria a los empresarios para amarrar una diferencia salarial mínima; estamos hablando de 200 pesos (ahora es de 136, en promedio, y la petición inicial era de 300 pesos), dijo.

Por tanto, precisó el abogado, hablar ahora de ámbitos de competencia (federal y estatal) para resolver el problema es una burla.

El vocero de la alianza de jornaleros, en tanto, rechazó que sus compañeros hayan sido los violentos. “Eso fue lo que dijo el subsecretario de Gobernación (Luis Enrique Miranda) el viernes; entre 10 y 11 de la mañana, cuando los compañeros íbamos marchando hacia San Quintín para esperarlo y aguardar la respuesta.

Ahí fue cuando nos dijeron que ya no, que mejor (la cita con el funcionario sería) el miércoles. Eso nos hace ver que no hay voluntad del gobierno estatal y menos del federal de dar solución al problema de los jornaleros de Baja California, indicó en entrevista telefónica.

Sánchez subrayó que el diálogo depende de Miranda, no de los trabajadores. Nosotros ya hicimos el planteamiento inicial el 24 de abril; pasaron 15 días y no hubo respuesta. Por eso no nos hacemos responsables de cualquier acontecimiento aquí, en el Valle de San Quintín. Lo de este sábado fue una de las primeras provocaciones, dijo.

El viernes, agregó, se demostró durante la marcha que no hubo actos violentos. (Los policías) entraron a las comunidades; hay videos en los que se ve cómo entraron hasta las casas a sacar a los compañeros. ¿Eso es un acto violento de los jornaleros? No, fue un acto violento de la seguridad pública, señaló.