San Luis Potosí, SLP.

Los siete candidatos a la gubernatura del estado participaron en un debate organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac). En el encuentro, el tema de la corrupción fue la constante.

El primero en turno, el candidato del PRD, Fernando Pérez Espinosa, dijo que hay 4 mil millones de pesos dudosamente aplicados en San Luis Potosí, y que de ganar hará una revisión del gasto público para que no haya más obras inconclusas como la alameda y el rastro. Propuso la revocación del mandato derivado de actos de corrupción, que sería aplicable para gobernador y alcaldes.

El abanderado del Partido Humanista, Aniceto Becerra Dueñas, enfatizó que auditará al gobierno con grupos ciudadanos para fortalecer la rendición de cuentas y se comprometió a cumplir la ley para los servidores públicos que dañen el presupuesto.

Juan Manuel Carreras López, candidato de PRI, PVEM y Panal, expresó que la corrupción es una práctica inaceptable que nos rompe como sociedad y es común en todos los partidos políticos.

Sonia Mendoza Díaz, abanderada del PAN, aseguró que San Luis Potosí es un estado de funcionarios ricos pero pueblo pobre, pues 52 por ciento de la población no tiene para cubrir sus necesidades básicas. Adelantó la aplicación del órgano fiscal anticorrupción. No me temblará la mano contra los funcionarios corruptos, sentenció.

Por el partido Morena intervino Sergio Serrano Soriano, que al igual que Eugenio Govea Arcos, candidato de Movimiento Ciudadano, e Ysabel Gómez Galán, representante del Partido Encuentro Social, se refirieron a la corrupción y pidieron votos de confianza. Mencionaron casos de desigualdad y se comprometieron a gobernar con honestidad

Al final del encuentro, el Ceepac denunció que la vocería de Sonia Mendoza, hizo mal uso de su logotipo y de supuestos resultados sobre el debate de candidato a gobernador en una encuesta posdebate que supuestamente le da el triunfo a la candidata del blanquiazul.

Antes, los candidatos firmaron un acuerdo de civilidad, que fija normas para los participantes, entre ellos evitar dispositivos electrónicos o asesores en el debate y proferir insultos o referirse a la vida privada de los contrincantes.