a práctica corporativa de la trasnacional española OHL –una de las niñas mimadas del ex gobernador del estado de México (adivinen quién)– ha sido exhibida por medio de una serie de grabaciones telefónicas entre sus directivos, quienes celebran los goles –léase fraudes– en la portería del erario mexiquense y que nos estamos pasando de pistolas, otra vez, al inflar el costo del Viaducto Bicentenario, obra concesionada por Enrique Peña Nieto, actual inquilino de Los Pinos.

Una vez destapada la cloaca, los involucrados –de ambas partes, la privada y la pública– se apresuran a realizar, según dicen, auditorías e investigaciones sobre la actuación de OHL en el país y sobre la concesión misma, otorgada en mayo de 2008 y con vigencia hasta 2038, con un costo original de 4 mil 100 millones de pesos, pero que al cierre de 2014 mágicamente se había elevado a 11 mil 586 millones (la información es de la propia empresa), es decir, una diferencia de 182.6 por ciento a favor, faltaba más, de la trasnacional española. Ello sin considerar que estáN pendientes la construcción del complemento de la fase II y en su totalidad la fase III del proyecto.

Pero más allá de fraudes, goles y pistolas, del desparpajo con el que los directivos de OHL los presumen y de supuestas investigaciones que revelen (u oculten) las ilegales prácticas de la trasnacional española, no hay que perder de vista el atraco legal, institucionalizado en la relación público-privada, que es el de otorgar paradisiacos márgenes de ganancia a los inversionistas cuando se trata de obra a cargo del erario.

¿Cómo es posible que, por ejemplo, el gobierno del estado de México acepte, sin más, que una obra inconclusa, como el Viaducto Bicentenario, registre un sobreprecio –hasta ahora– cercano a 200 por ciento, y lo pague sin chistar? Casi 7 mil 500 millones de pesos más de diferencia entre lo presupuestado y lo pagado (sin el citado complemento y la fase III), ¿y nadie se dio cuenta? Lo menos que México necesita son funcionarios sordos, ciegos y mudos, pero agachaditos y con la mano sempiternamente extendida.

A todo esto, la trasnacional OHL pagó una contraprestación de 750 millones de pesos por la concesión que en mayo de 2008 generosamente le otorgó el entonces gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, por medio de la Secretaría de Comunicaciones de la entidad (SCEM), al tiempo que el consorcio privado, igual de desprendido, se comprometió a pagar el equivalente a 0.05 por ciento de los ingresos netos mensuales (sin IVA), derivados del cobro de cuotas de peaje.

Pero OHL se puso flamenca, y el gobierno mexiquense no sólo le aplaudió, sino que le aventó un ramo de rosas, pues la empresa condicionó la obligación de construir la fase III y el complemento de la fase II a que se alcancen los niveles de tráfico previstos en la concesión del Viaducto Bicentenario.

No sólo eso. El gobierno mexiquense aceptó que en caso de que la concesionaria (OHL) se encuentre en la imposibilidad de operar, parcial o totalmente el Viaducto Bicentenario, incluyendo la derivada de caso fortuito o fuerza mayor, por un plazo mayor a un año, por causas no imputables a ésta, tendrá derecho a solicitar el rescate de la concesión para el Viaducto Bicentenario. Es decir, repitieron el onerosísimo esquema salinista de concesiones carreteras, cuyo rescate –cortesía de Ernesto Zedillo– a los mexicanos les ha costado miles y miles de millones de pesos a lo largo de los pasados 20 años, y aún les resta el pago de alrededor de 160 mil millones.

También aceptó que OHL tiene derecho a ser indemnizada por la autoridad competente en caso de rescate de la concesión para el Viaducto Bicentenario. En dicho supuesto, el monto de la indemnización será el equivalente al importe total de la inversión no recuperada más la tasa interna de retorno establecida en la concesión, al tiempo que el gobierno mexiquense le garantizó el monopolio en la prestación de ese tipo de servicios (la SCEM no podrá otorgar otras concesiones con las mismas especificaciones y características que la concesión para el Viaducto Bicentenario).

Pero la fiesta no paró allí, pues el 21 de julio de 2011 el gobierno mexiquense (a EPN le restaban dos meses como gobernador) modificó la concesión para, a efecto de reconocer y equilibrar las inversiones, obtener cuatro aumentos tarifarios de 25 por ciento cada uno a ser aplicados de 2013 a 2016. Así, la trasnacional fue autorizada a incrementar las tarifas en 100 por ciento en ese periodo, durante el cual, según el Banco de México, la inflación sería de entre 12 y 15 por ciento, como máximo.

Por si fuera poco, OHL obtuvo del gobierno mexiquense el derecho a recuperar su inversión en el proyecto, más una tasa interna de retorno real anual de 7 por ciento neta de impuestos sobre dicha inversión. Si al vencimiento de la concesión la compañía no ha recuperado su inversión y no está percibiendo la tasa interna de retorno convenida por causas no atribuibles a Viaducto Bicentenario, el gobierno del estado de México deberá prorrogar la concesión o, alternativamente, liquidar el importe correspondiente a su inversión no recuperada en el proyecto, más la tasa interna de retorno acordada.

Ahora que si todo marcha de maravilla, en el momento en que Viaducto Bicentenario (OHL) recupere su inversión en el proyecto y obtenga la tasa interna de retorno acordada (la ganancia, pues), la autoridad gubernamental competente tendrá la prerrogativa de permitirle mantener la concesión hasta su terminación, siempre y cuando sea acordada con la autoridad una nueva contraprestación (léase mayores utilidades).

¿Todo lo anterior sólo por unas vacaciones pagadas en la Riviera Maya? Sí, cómo no.

Las rebanadas del pastel

El churumbel José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, jura que el título del Viaducto Bicentenario no se ha modificado. Así es: 7 mil 500 millones de pesos de sobrecosto, goles, pistolas y cuatro exorbitantes aumentos tarifarios al hilo sustentan su dicho. Y el corporativo tiene más concesiones leoninas (incluido el aeropuerto de Toluca) en el propio estado de México, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, cuando menos, y jugosos contratos petroleros con Emilio Lozoya (ex integrante del consejo de administración de la trasnacional española) al frente de Pemex. Además, en la dirección general está Sergio Hidalgo (oficial mayor de Hacienda en tiempos de Ernesto Cordero) y en el consejo Jesús Reyes Heroles González Garza y Carlos Sacristán. El paraíso, pues, con EPN en Los Pinos.

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