omo consecuencia de la violencia, el desplazamiento interno de población en nuestro país es cada día más evidente y alarmante. Es un fenómeno que se está presentando desde hace ya varios años en México en toda su extensión, y no existe ningún mecanismo gubernamental que atienda a ese contingente vulnerable y en riesgo. Desde 2012 cientos de familias se han visto obligadas en Sinaloa a abandonar sus comunidades de origen en la región de la Sierra Madre Occidental, en el noreste de ese estado. Esperanza Hernández Lugo, víctima de ese fenómeno, lucha desde entonces por la defensa de los derechos humanos de las más de 600 familias que llevan ya más de tres años asentadas en Culiacán y en la Ciudad de Guamúchil, luego de que múltiples delitos y violaciones a sus derechos fundamentales las orillaron a abandonar sus lugares de origen en las comunidades serranas.

La labor que esta defensora ha llevado a cabo, con el objetivo de visibilizar el despojo y desarraigo que ha experimentado la población desplazada, incluye la elaboración de un censo, gracias al cual se ha identificado que son más de 40 las comunidades que han sido abandonadas debido al clima de inseguridad y criminalidad que ocasiona la delincuencia organizada, y perpetúa la omisión de las autoridades. Dicha labor también le ha permitido identificar de primera mano las necesidades específicas que tienen esas personas desplazadas, quienes además de haber sufrido pérdidas materiales y medios de subsistencia, han sido víctimas de la violencia directa, a través del asesinato o la desaparición de algún familiar, amigo o miembro de su comunidad. De forma paralela al llamado que ha hecho la defensora para que se reconozca la situación de vulnerabilidad de estas familias, ha realizado gestiones ante autoridades municipales, estatales y federales, con el objetivo de obtener apoyos asistenciales que garanticen el goce efectivo de sus derechos a la alimentación, la salud, el trabajo, la educación y particularmente a una vivienda digna. Sin embargo, los llamados de la señora Esperanza han tenido como respuesta amenazas contra su vida y reticencias a cualquier reconocimiento, en lugar de medidas de atención y respuestas concretas a sus necesidades.

Como consecuencia de su labor en defensa de los derechos humanos, ha sido objeto de amenazas de muerte y agresiones que la han obligado por segunda ocasión a desplazarse para salvaguardar su integridad física, siendo así revictimizada. A raíz de esta situación de riesgo, y para exigir medidas de protección, la defensora ha recurrido al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal y a otras instancias nacionales e internacionales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta última ha emitido recientemente medidas cautelares para garantizar la protección de dos defensoras de los derechos humanos de la población desplazada en Sinaloa, una de ellas la señora Esperanza, por lo que el Estado mexicano debe actuar para su cabal cumplimiento. Al respecto la CIDH solicita que México adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de la defensora y sus familiares y para que, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento, pueda desarrollar sus actividades como defensora de derechos humanos.

Con el fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y para evitar su repetición, la resolución de la CIDH pide también que el Estado mexicano informe sobre las acciones implementadas. A esta solicitud se han sumado la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG, por sus siglas en inglés), y Refugees International, que manifestaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad de la señora Esperanza, así como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México –integrada por 180 defensoras de derechos humanos de 99 organizaciones distintas que trabajan en el país–, por medio de una carta pública dirigida al gobernador de Sinaloa, en la que también manifiestan preocupación por el caso. Por su parte, el pasado primero de mayo la CNDH instó a la Secretaría de Gobernación y al propio gobierno del estado a implementar medidas para la protección de la señora Esperanza y su familia, con el fin de evitar daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad personal y seguridad física y de reunirse con ella y otros defensores para conocer en detalle la problemática de desplazamiento que enfrentan. La CNDH se comprometió igualmente a emitir una resolución sobre la investigación que llevará a cabo sobre este caso. El desplazamiento interno de poblaciones debe atenderse de manera inmediata, en particular en Sinaloa, aunque es una problemática que requiere atención a nivel nacional. A la defensora Esperanza Hernández y a su familia se les deben garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para que tengan un retorno seguro a su lugar de residencia actual, y se debe brindar a ella y a los cientos de familias desplazadas todo el apoyo para tener y alcanzar una vida digna, ya sea en su lugar de asentamiento o en sus comunidades de origen. El pronunciamiento de la CIDH podría representar en este sentido un importante precedente para atender la situación de desplazamiento interno generado por la violencia en el país.

Como ya se ha afirmado en otras ocasiones, el Estado mexicano está obligado a dar prioridad a una problemática tan lacerante como el desplazamiento interno y debe brindar garantías y seguridad a todos los defensores de derechos humanos en el país, quienes en los últimos años se han convertido en un grupo que es blanco de asesinatos, agresiones y hostilidades.