La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) empezó una investigación sobre el origen de los animales del rancho Dolores, de Juan Navarro Rodríguez, presidente municipal de Ciudad Serdán, Puebla. Mediante una inspección, la dependencia se incautó 29, ya que los responsables del lugar no contaban con el registro de Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) y su plan de manejo aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales.

Inspectores de esta dependencia revisaron el predio, localizado en el municipio de San Juan Atenco. La denuncia alertaba sobre la presencia de distintos animales que se dijo provenían de los circos Atayde y Fantasy, pero se confirmó que sólo eran de la compañía circense Medina.

Encontraron ocho venados gamos, siete papiones sagrados, cinco llamas, tres dromedarios, dos avestruces, dos leones, un tigre de bengala blanco y una cebra; de cada uno se verificó la procedencia legal, así como las condiciones físicas y de salud.

La dependencia informó que los inspectores no detectaron que los animales hayan sufrido malos tratos. Explicó que en términos generales los ejemplares están confinados en espacios adecuados y reciben atención y cuidados del personal del rancho.

Aunque el presidente municipal de Ciudad Serdán es el dueño del rancho, los animales no son suyos, sino de su hermana, quien comenzó los trámites para obtener el registro de UMA y para que le sea aprobado un plan de manejo.

Medida precautoria

En tanto el rancho obtiene los permisos, la Profepa optó por decomisar los 29 animales de manera precautoria.

De todos los ejemplares se acreditó la procedencia legal con la respectiva documentación. De igual forma, los inspectores de la Profepa cotejaron que los animales cuentan con microchips de identificación, con excepción de las avestruces que portan aretes.

En un comunicado aparte, recordó que reformas legales que prohíben el uso de animales en espectáculos entrarán en vigor el 8 de julio próximo. Si bien el Senado aprobó en la última sesión del actual periodo ordinario de sesiones un dictamen que propone ampliar de 180 a 270 días la entrada en vigor de la prohibición, éste aún no surte efectos, pues no concluyó el proceso legislativo correspondiente.