Madrid.

Federación de futbol y jugadores por un lado, la liga y el gobierno por el otro: España vive una guerra de trincheras que amenaza con parar el balompié nacional al final de la temporada, debido a desacuerdos en el nuevo reparto de los derechos de televisión.

Arropado por unos 50 jugadores, entre los que figuraban los madridistas Iker Casillas y Sergio Ramos, y los azulgranas Andrés Iniesta, Gerard Piqué y Xavi Hernández, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Rubiales, compareció ante la prensa para anunciar que harán huelga a partir del 16 de mayo si no se modifica la nueva norma.

Nos han llevado a un callejón sin salida, nosotros no queríamos llegar a este nivel, afirmó, pero declaró la disposición del sindicato a negociar.

El pasado miércoles la Real Federación de Futbol Español (RFEF), de la que depende asignar a los árbitros, anunció la suspensión de todas las competencias a partir de la fecha indicada, con lo que disparó las alarmas, puesto que pone en peligro las dos últimas jornadas de la liga en que se decidiría el campeón.

También corre peligro la final de la Copa del Rey, prevista para el 30 de mayo en el Camp Nou entre Barcelona y Athletic de Bilbao.

Al igual que la RFEF, los jugadores no están de acuerdo, aunque por motivos diferentes. Hay un decreto de ley aprobado el 30 de abril por el gobierno español para la venta centralizada de los derechos de televisión para el balompié nacional, que permite a la Liga de Futbol Profesional (LFP) negociar en bloque con las operadoras televisivas para realizar después el reparto entre clubes, en lugar del modelo actual, por el que cada club negocia individualmente.

Estos ingresos se distribuirán 90 por ciento entre los clubes de primera división y 10 en los de segunda.

Pedimos menos diferencias en el reparto entre primera y segunda, como sucede en Europa, afirmó Rubiales, y puso de ejemplo los casos de Alemania, donde el reparto es de 79-21, y el de Francia, que es de 81-19.

También negó que su protesta esté relacionada con las nuevas imposiciones fiscales a los jugadores por sus ingresos derivados del derecho de imagen.

La convocatoria y los objetivos de la huelga son ilegales, fustigó la LFP, al anunciar que este viernes presentará una denuncia ante la justicia. También la decisión de la RFEF, que con la nueva norma perderá ingresos y poder, había sido duramente criticada por la LFP y el Consejo Superior de Deportes (CSD).