De cara a las elecciones del próximo 7 de junio, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) advirtió que es responsabilidad de las instituciones públicas garantizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad.

Consideró necesario que el marco jurídico nacional y los tratados internacionales ratificados por México jueguen un papel fundamental en la tarea de proteger el precepto de igualdad, y abatir la exclusión en la participación pública y la toma de decisiones de las personas con discapacidad, ya sea como votantes o candidatas y candidatos a cargos de elección popular.

Cifras oficiales revelan que en México viven 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que equivale a 5.1 por ciento de la población. De ellos, 81 de cada 100 tiene alguna discapacidad y se encuentran en el rango que constitucionalmente se exige para ejercer sus derechos político-electorales.