Especialistas coincidieron en que la discusión en torno a retirar el registro al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) es un dilema, porque cualquier decisión que tome la autoridad tiene graves consecuencias.

En una mesa redonda realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ex consejera electoral Jacqueline Peschard planteó que en cuestión administrativa corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debatir el asunto y pronunciarse sobre los criterios de violaciones graves, reiteradas y sistemáticas a la ley por parte del PVEM, pero si le quita el registro sienta un precedente terrible, sobre todo viola el derecho de aquellos que conforman la base social de un partido.

Se pronunció a favor de que sean los ciudadanos quienes decidan si un partido tiene el apoyo e insistió en que corresponde a la autoridad aplicar la norma, pero también, advirtió, estamos viendo que las sanciones económicas no inhiben.

En la mesa moderada por la también ex consejera electoral María Marván, y en la que participaron Miguel Carbonell, Javier Aparicio y Flavia Freidenberg, se planteó que las sanciones impuestas por la autoridad no han sido suficientemente fuertes para frenar las conductas violatorias de la ley.

El jurista Carbonell expuso que quitar el registro a un partido político “nos puede llevar a cosas muy delicadas, porque hoy es el Verde, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la autoridad va a tomar una decisión radical de eliminarlo… Aquí lo que se está violentando es el principio de equidad”.

A su vez, Flavia Freidenberg, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró que es tiempo de que “la ciudadanía se haga mayor. Estamos tan preocupados por normar todo que creemos que todo es cuestión de reglas y le prestamos poca atención al comportamiento.

Creo que tenemos que mirar más hacia la cultura política y el compromiso democrático y dejar más espacio a que los partidos compitan y los ciudadanos, ya mayores de edad, después de casi 40 años de democracia, tomen sus decisiones.

Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que en el caso del PVEM tiene que haber una consecuencia. Creo que sí es preocupante que la sanción no sea lo suficientemente grande para inhibir la conducta sistemática, abusiva y demás. La pregunta de fondo es si el tribunal tiene que contestar si lo que ha hecho el Partido Verde es una violación con estos adjetivos: grave, reiterada, sistemática.

María Marván, a modo de conclusión, planteó que el dilema es “mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Cualquier decisión que tome la autoridad será compleja. Tiene graves consecuencias tanto si se decide retirar el registro como si se decide no hacerlo.

Parece que lo inescapable es la necesidad de discutirlo y empezar a delimitar que es grave y sistemático y muy probablemente la autoridad tendrá que escoger el mal menor, pensando que lo que está tutelando no es propiamente a un partido político, ni siquiera a un grupo de partidos, sino en última instancia a la democracia y la posibilidad de participación de los ciudadanos.