La decisión del gobierno federal de encomendar a los generales Miguel Gustavo González Cruz y Felipe Gurrola Ramírez los operativos en contra del crimen organizado en los estados de Jalisco y Michoacán, respectivamente, representa una acción ‘‘desesperada’’ que no cuenta con el marco legal adecuado para que los militares obtengan los resultados esperados, aseveró el general de división retirado Luis Garfias Magaña.

Agregó que los generales González Cruz (quien encabezará la Operación Jalisco) y Gurrola Martínez (quien recientemente fue designado mando especial de seguridad en Michoacán) no cuentan con los instrumentos legales para actuar, porque tendrán también bajo su mando a civiles y jurídicamente éstos no están subordinados a los militares.

Petición fallida al Congreso

Garfias subrayó que el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha demandado sin éxito al Congreso de la Unión que apruebe normas que regulen y precisen las actividades de los militares en labores de seguridad pública.

Lamentablemente, apuntó Garfias en entrevista, este vacío legal dificultará la labor de los generales, quienes mantienen su cargo de comandantes de la quinta y undécima regiones militares, respectivamente. Si el gobierno federal determinó por primera vez en la historia  que dos generales en activo y con mando militar encabecen los operativos contra el crimen organizado, también debería dotarlos de elementos legales para actuar, subrayó.

El divisionario en retiro agregó que el reciente derribo de un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana en el estado de Jalisco, con un lanzacohetes RPG ‘‘es una cosa muy delicada porque nos habla de la capacidad de fuego que tienen los miembros de la delincuencia organizada’’.

Además, los delincuentes cuentan también con fusiles Barret calibre 0.50, ‘‘lo cual es terrible’’ por el daño que pueden causar, advirtió.

En este contexto, Garfias, quien fue comandante de la zona militar con sede en Mexicali, dijo que es urgente que el gobierno federal tome cartas en el asunto y frene el tráfico de armas que ingresan ilegalmente a territorio nacional por tierra, aire y mar.

El militar planteó finalmente la necesidad de que se forme una policía fronteriza encargada de evitar el trasiego de mercancías ilícitas, particularmente armas, como forma de contener el flujo indiscriminado de éstas para los grupos delincuenciales.