l falso debate para utilizar el lugar de nacimiento del periodista Armando Saldaña Morales (en Oaxaca) con el propósito de situar su homicidio fuera de Veracruz no sólo es inmoral, sino también revela la realidad en que se ejerce el periodismo en la entidad: en una frontera intangible en que la inseguridad, el poder político y el crimen organizado se entremezclan peligrosamente.

La docena de reporteros muertos en lo que va del sexenio, la mayoría en circunstancias similares a las de Armando, es un indicador más de que las autoridades parecen no preocuparse por lo que acontece en este entorno y que alarma a organizaciones internacionales defensoras del libre ejercicio del periodismo. Es una versión lamentable del ni los veo ni lo oigo. Ese desinterés generalizado sólo genera condiciones en que cualquier cosa puede suceder.

Era sabido que Saldaña Morales trabajaba de reportero y locutor en el área de noticias de la radiodifusora La Ke Buena en Tierra Blanca. En una suerte de primer frente de batalla, Armando ejercía el periodismo en los límites entre Oaxaca y Veracruz, una violenta región cercada por el crimen organizado dedicado al saqueo de combustible y al tráfico de migrantes.

Con él suman dos reporteros asesinados en esta zona: en agosto de 2014, Octavio Rojas Hernández, corresponsal del diario El Buen Tono, editado en Córdoba, fue secuestrado y ultimado; su cuerpo también fue encontrado en el municipio de Cosalapa.

Este nuevo crimen se comete cuatro meses después del secuestro y asesinato de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, en el municipio de Medellín. Por ello, junto con el Consejo de Periodistas Cuenca del Papaloapan, reporteros del estado firmaron un desplegado en el que exigen a las autoridades federales y estatales que la Procuraduría General de la República Atraiga el caso. Doce no son pocos.