as organizaciones de izquierda en México, en su más amplio abanico, suelen eludir la autocrítica, convencidas de que no deben dar armas al enemigo y que ya llegarán mejores momentos (que nunca llegan) para analizar a fondo y con honestidad sus propias conductas. Siempre domina el inmediatismo, en una práctica rigurosamente pragmática que hace girar ruedas hacia adelante aunque a fin de cuentas no se sepa de verdad el destino al que razonadamente se habrá de llegar (un aventurerismo voluntarioso, cargado de discursos emotivos y argumentación panfletaria) y a pesar de que con frecuencia los arribos terminan en la derrota, la confusión y el retroceso, en un pernicioso círculo de acciones urgentes que relegan la reflexión, la corrección y el replanteamiento en aras de los nuevos retos que no admiten latosas demoras por pruritos intelectuales o ideológicos.

Colocado en las peores circunstancias de su historia a partir de la renuncia de varios de sus principales personajes fundadores y emblemáticos (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, principalmente), enfrentado a la difícil circunstancia de disputar votos a una nueva formación creciente (el partido Morena) y golpeado a fondo por la tragedia de Ayotzinapa, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) conservó aliento para crear una comisión especial de sus militantes a los que encargó indagar las circunstancias de la postulación de José Luis Abarca como presidente municipal de Iguala y la responsabilidad política del propio sol azteca. La comisión fue presidida por Pablo Gómez, largamente especializado en asuntos legislativos (como diputado y senador en distintos momentos) y en tareas internas de ese partido, con Octavio Cortés y Pablo Franco como miembros. El resultado de esas averiguaciones fue dado a conocer ayer ( http://bit.ly/1dNHohO) y hoy, en conferencia de prensa, se entrará en detalles.

No hay revelaciones ni hallazgos espectaculares, pero tal vez lo más importante sea la exhibición clara del modus operandi del PRD, que lo es en realidad de todos los demás partidos (nuevos y recientes, en el poder o fuera de él): la descarnada designación, como candidato a algún cargo, de cualquier personaje con ciertas posibilidades de triunfo electoral, sin reparo alguno en su origen y formación política, o en antecedentes dudosos o rotundamente claros, atenidos todos los partidos sólo a la consigna voraz de ganar posiciones, es decir, erarios o dietas, privilegios, prerrogativas partidistas y todo ese mundo de corrupción sembrada en el mundo de lo partidista y electoral justamente para que los partícipes en él se afanen en alcanzar, mejorar o conservar sus ganancias personales, convertidos así solamente en parte del sistema de beneficios cupulares.

En el informe adelantado ayer, por ejemplo, Sebastián de la Rosa, legislador, miembro de la corriente de los Chuchos y partícipe importante en la construcción de la candidatura de Abarca, confesó cuando se le preguntaba sobre el compromiso programático del empresario, ahora preso, con el PRD: “aunque se oiga vergonzoso, en este partido –y yo soy de este partido– de lo que menos hablas con los candidatos es de su plan de gobierno. Ese municipio (Iguala) tiene un problema, se pierde en una, se gana en otra; no lo gobernábamos, lo gobernaba el PRI; queríamos recuperarlo y en mi lógica también estaba recuperar el municipio; entonces estaba buscando a alguien que pudiera darnos esa certeza de que ganáramos. Ésa es la verdad, para qué poner cosas aquí que no sucedieron”.

En ese proceso de postulación de Abarca tuvo un papel preponderante Lázaro Mazón, entonces perredista, luego candidato a gobernador de Guerrero por el partido Morena, cargo del que fue desmontado ante las evidencias de su corresponsabilidad. El informe de la comisión mencionada señala que el PRD, en sus diversas instancias –la dirección nacional a cargo de Carlos Navarrete, la estatal y los consejos correspondientes– no ha analizado a fondo los hechos ni ha asumido sus responsabilidades, todo ello en el contexto de lo que a esa comisión parece la clave: la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

En Oaxaca, mientras tanto, Gabriel López Chiñas, quien fue secretario de organización del comité de la combativa sección 22 del SNTE, miembro del Bloque Democrático Magisterial, renunció a su cargo de consejero nacional y estatal del partido Morena, pues estima que éste se alejó de los sueños de muchos mexicanos, aquellos que esperaban un destino diferente para nuestros pueblos y acabó mimetizándose en lo que tanto cuestionó de los otros partidos. En carta dirigida a AMLO, a quien sostiene respeto y admiración, asegura (lo que ya había sido mencionado semanas atrás en esta columna y en tuiteos astillados) que ninguno de los 11 candidatos a diputados federales son militantes de Morena ni trabajaron en la construcción del partido; las designaciones no se ajustaron a los procedimientos internos y, salvo algunas excepciones, la mayoría son políticos con un pasado de dudosa honorabilidad.

La Universidad Brandeis (www.brandeis.edu), ubicada en Massachusetts, ha buscado información sobre mexicanos muertos en prisiones de Estados Unidos. Lo ha hecho mediante su Instituto Schuster de Periodismo de Investigación, específicamente por la vía de Seth Freed Wessler, solicitando a los consulados mexicanos coadyuvar en la localización de familiares de esos difuntos. Enterada que ha sido la Secretaría de Relaciones Exteriores de la finalidad de llevar a cabo un reportaje sobre ese tema, ha girado la indicación a los consulados de no responder a ese instituto, pues la embajada mexicana en EU establecerá un diálogo con el citado investigador con la finalidad de determinar la colaboración que se estime conveniente y coordinar las acciones respectivas. Tal instrucción fue girada con carácter confidencial, conforme a la referencia psi-0402 (21.04.15), por el director general adjunto de protección de la SRE, Euclides Del Moral Arbona. ¡Hasta mañana!

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