El riesgo de usar los programas sociales para motivar el voto de la población en favor de candidatos de cualquier partido político –en todos los niveles de gobierno– persiste en todo el país. ‘‘Sabemos que todos estarían involucrados y deben aplicar un blindaje, pues son autoridad en alguna entidad’’, sostiene Paola Contreras, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.

En el país hay 5 mil 904 programas, de los cuales 3 mil 788 son estatales y mil 883 municipales, mientras que 233 son federales, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El próximo 7 de junio habrá elecciones federales para la Cámara de Diputados, para gobernador en nueve estados y en otros ocho se renovarán ayuntamientos.

De los programas federales, tan sólo en 14 que corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se aplica ‘‘blindaje electoral’’, mientras el resto estaría regido por los lineamientos que fija la Constitución. Resulta preocupante el tema del uso de los programas sociales; el monto de los recursos públicos destinados a ellos pasó de 61 mil millones de pesos anuales en 2000 a 400 mil millones en 2014. ‘‘Hay que poner atención en ello’’, señala Contreras.

Gran parte de las 4 mil 500 acciones estatales y municipales carecen de detalles en la distribución de su presupuesto, no cuentan con base de datos, la información no es exhaustiva ni está sistematizada. ‘‘Es nodal que los programas tengan contraloría y que los sujetos que atienden puedan emitir quejas cuando no se les beneficia; esto sería un blindaje de la política’’. El problema estaría en los municipios y en los casos de los programas donde no hay reglas de operación, agrega en entrevista.

La Secretaría de Desarrollo Social informó que a partir del 24 de abril suspendió durante 45 días la entrega de apoyos de 14 programas, y se mantendrían las acciones de las tiendas Diconsa, la distribución de leche en Liconsa, estancias infantiles y comedores comunitarios. El blindaje que aplica consiste en la suspensión de reuniones masivas con beneficiarios, de propaganda gubernamental durante la jornada electoral y dos días antes de ella, el resguardo de bienes muebles, inmuebles y parque vehicular para que no sean utilizados.

La Constitución cita en el artículo 134 el principio de imparcialidad en el uso de recursos; en el 41, la suspensión de propaganda electoral, y esto aplica para los tres órdenes de gobierno, además de que la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 26, refiere que las dependencias de gobierno tienen la obligación de publicar reglas operativas y existe esa obligación para los programas estatales, detalla Contreras.

Las medidas que aplica la Sedesol son para ciertos programas, pero no se suspende el empadronamiento, lo cual es muy delicado, y además debería ampliarse a otras dependencias. ‘‘Un verdadero blindaje tendría que ser estructural, que pase por la capacidad de las personas que se llaman beneficiarios; deberían ser derechohabientes. Los usuarios tienen derecho a los programas y también a cambiar la percepción de que es una dádiva del gobierno en turno’’, agrega.

Con datos a 2012, los más recientes que maneja el Coneval en su inventario de programas sociales de los estados, se indica que donde habrá elecciones para gobernador hay mil 21 programas sociales a escala estatal. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora.

En cuanto a los ayuntamientos, en los estados donde habrá elecciones la cifra de acciones es mil 113: Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Tabasco, Yucatán y Chiapas. Sobre los programas estatales, el consejo señala que ‘‘no fue posible distinguir o precisar la composición del presupuesto ejercido, es decir, la información disponible no permitió identificar claramente la fuente de los recursos o la composición del presupuesto’’.

A escala municipal, refiere que los datos más recientes del periodo 2012-2013, indican que las intervenciones de desarrollo social de los ayuntamientos son numerosas. Señala que a pesar de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental y de transparencia, no todos los municipios están obligados a publicar los mismos documentos. Se encontró que de los 2 mil 457 municipios había 837 con pagina web oficial, en los que se encontraba información de los programas y acciones del gobierno.