En México los índices de violencia han rebasado completamente la capacidad del gobierno en materia forense, y ese elemento, sumado a la carencia de recursos humanos y materiales, la nula coordinación institucional y la falta de voluntad política de muchas autoridades, da por resultado que miles de cuerpos sean enterrados o cremados sin identificar ni determinar la causa de su muerte.

De acuerdo con especialistas y académicos consultados por La Jornada, en la mayoría de los casos no se siguen los protocolos básicos para el manejo e identificación de cuerpos, lo cual obliga a los familiares de víctimas de asesinato o desaparición a buscar ellos mismos a sus seres queridos o a peregrinar en varias morgues ante la falta de datos científicos.

Encontrar algo por suerte

Una de las causas que han llevado al colapso del sistema forense del país, indicó Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, ha sido la cantidad de delitos que se cometen en el país.

No tenemos en México los recursos humanos y materiales y la institucionalidad para hacer frente a la cantidad de homicidios y desapariciones que ocurren. En la Procuraduría General de la República (PGR) hay alrededor de seis antropólogos forenses para todo el país, y eso ya te da una pauta de la voluntad política que hay sobre el tema y el financiamiento que recibe, indicó.

Alejandro Vélez, investigador independiente y editor del portal de Internet Nuestra aparente rendición, coincidió en que las capacidades forenses de México están sobrepasadas, porque su dimensión está pensada para un país que no está en guerra, pero no para el nivel de delitos que se cometen, como homicidios y desapariciones forzadas.

Por otra parte, los pocos servidores públicos que se dedican a estas tareas no llegan a sus cargos con un perfil especializado, no reciben capacitación ni están obligados a seguir procedimientos estandarizados en todo el país, lo cual fragmenta su labor.

Ante la falta de una carrera profesional en ciencias forenses –la cual fue creada de manera muy reciente por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia–, los puestos de peritos son cubiertos por médicos, antropólogos físicos o criminalistas que toman algún curso y se van entrenando en las procuradurías, indicó Vélez.

En ese mismo sentido, Delgadillo advirtió que no todos los peritos tienen las mismas capacidades de formación ni obedecen los mismos protocolos para hacer autopsias, levantar evidencias y garantizar la cadena de custodia de las mismas.

Cada quien lo hace como puede, como lo aprendió en la escuela. No hay un solo método para todo el país, y los protocolos internacionales, como el de Estambul, para identificar a quienes fueron víctimas de tortura, o el de Minnesota, para analizar ejecuciones extrajudiciales, no se siguen de manera rigurosa. “Lo que falla es que no les hacen caso. Es una conjunción entre falta de profesionalización y de experiencia, además de la costumbre de hacer el trabajo de manera chambona: ‘mete esto, pon los huesos en una bolsa y ya’”, manifestó Vélez, quien ha seguido de cerca varios casos de desaparición forzada.

“Una vez acompañé una exhumación cuyo único método era ‘soltar’ a los policías municipales a buscar como fuera en cierta zona nada más porque alguien había olido algo fétido hacía un año. Las indagatorias son desastrosas; se vuelven shows a los que van los bomberos y hasta protección civil, pero sin un plan, ni siquiera un mapa, para ver si encuentran algo por suerte”, añadió.

Trabajo pericial precario

Como producto de lo anterior, el grado de desarrollo de los servicios forenses en las diversas entidades del país es muy desigual.

Hay algunos estados muy adelantados, como Chihuahua, Nuevo León, Jalisco o el Distrito Federal, pero también casos como Guerrero, Chiapas o Tamaulipas, donde hay carencias terribles, lamentó Vélez.

En este último estado, dijo, muchas autopsias se han realizado en funerarias particulares por la falta de capacidad del servicio forense estatal ante la gran cantidad de cuerpos, como ocurrió con la masacre de migrantes en San Fernando, en agosto de 2010, donde 72 migrantes fueron asesinados.

Otro ejemplo notable es Guerrero, donde el Equipo Argentino de Antropología Forense tuvo una sola plancha para analizar todos los restos encontrados por el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

De igual forma, en por lo menos 17 estados del país no hay laboratorios para hacer estudios genéticos complejos, por lo que se ven obligados a enviar los restos a otras entidades. Sin embargo, muchas veces los resultados no pueden compartirse entre las dos procuradurías, ya que no usan los mismos reactivos químicos en diversos procedimientos, subrayó.

En Chiapas y Oaxaca hacen trabajo pericial en condiciones absolutamente precarias. Muchas veces ni siquiera tienen refrigeradores para conservar los restos, por eso hacen la autopsia y los entierran en fosas comunes cuando no los pueden identificar, añadió Delgadillo.

A todo ello se suma la práctica común de que el agente del Ministerio Público determine cuál es la línea de investigación sin tener ninguna prueba científica, y a partir de ahí los forenses adaptan su metodología, en vez de ser al revés. Adecuan la ciencia a lo que diga el funcionario, y eso demuestra gran falta de objetividad y de autonomía, manifestó la especialista.

Debería haber un cuerpo consultivo formado por los mejores investigadores en diversas áreas, como médicos y químicos, que analicen y debatan los resultados con criterios científicos, pero eso no ocurre actualmente, deploró.