o es suficientemente claro el planteamiento oficial de la situación fiscal del país. En el más reciente informe de la Secretaría de Hacienda sobre el tema (del 30 de abril pasado) se señala que en el primer trimestre los ingresos públicos crecieron 9.3 por ciento, luego de descontar el efecto de la inflación, con respecto al mismo periodo de 2014. Esto se debió a que los ingresos no petroleros compensaron casi tres cuartas partes de la caída del ingreso petrolero. La recaudación de impuestos aumentó 33 por ciento y los ingresos no tributarios 121 por ciento. Tan sólo en el caso del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco principalmente, el ingreso se elevó 315 por ciento y pasó de representar 2.3 a 8.9 por ciento del total de los ingresos presupuestarios. Este impuesto es indirecto y se traslada al consumidor final. Hay que considerar pues el efecto de las cargas de la política fiscal así como su impacto en la actividad productiva.
¿Cómo se explica, entonces, la medida de reducción del gasto este año y el siguiente? La transparencia en la gestión fiscal es insuficiente. Y en la medida en que la recuperación de la actividad económica es muy lenta, incierta y con grandes distorsiones sectoriales y regionales, y en la medida también en que el empleo y los ingresos salariales siguen siendo exiguos y la economía informal no se reduce, la fiscalidad es un asunto de primera importancia.
Aunado al informe hacendario donde todo se presenta de modo muy positivo, se conocen ya las enormes pérdidas de Pemex y la CFE, flamantes nuevas empresas productivas del sector público. En medio de las primeras etapas de la implementación de la reforma energética estas empresas están en pésima situación financiera para participar activamente en las inversiones. A Pemex se le sigue extrayendo el ingreso en beneficio de un fisco aún disfuncional. Este es otro asunto que requiere ser expuesto de frente a la ciudadanía. La interpretación convencional del desempeño de la economía no ofrece una visión articulada del proceso productivo junto con la generación de ingresos de la población.
Hacienda ha sido muy activa en la recaudación, también lo es en la gestión de sus requerimientos financieros por la vía del endeudamiento interno y externo. La noticia es que colocó en abril deuda denominada en euros con un bono de vencimiento a 100 años. Así, en los pasados cinco años se han colocado 5 mil millones de dólares a ese plazo en dólares, libras esterlinas y ahora el primero en hacerlo en euros. Es el único país que lo ha hecho luego de China y Filipinas en la década de 1990. Los bonos anteriores tuvieron una tasa de 6.1 por ciento y los recientes de 4.2 por ciento. Desde el punto de vista de los inversionistas es claro que en última instancia apuestan en que en 100 años el euro seguirá existiendo y que el gobierno mexicano podrá pagar sus deudas. Pero tal extensión temporal no es estrictamente necesaria para que el bono funcione.
El plazo y el costo son muy favorables, y entre los financieros hay quienes lo atribuyen a la buena gestión de la economía y las favorables expectativas. Esto se puede dejar de lado por ahora, después de todo los agentes financieros que colocan estos bonos no tienen una responsabilidad ulterior y sus análisis nunca son sometidos a una rendición de cuentas. En el caso de México esto ha sido la pauta clara desde los años 1980.
Lo relevante es que la tasa ofrecida por México en este bono de 100 años está muy por encima de las tasas reales negativas a las que se coloca la deuda pública en Europa y Estados Unidos. Puesto que los mercados están saturados de dinero por la gran expansión monetaria instrumentada por los bancos centrales, prestar a 4.2 por ciento es muy rentable, sobre todo para los fondos de pensiones y las aseguradoras que invierten a plazos muy largos. También para México desde un punto de vista estrictamente financiero es una buena operación en la que ha sido muy reconocida la capacidad de los técnicos hacendarios.
La deuda centenaria, como se le conoce, es un instrumento viejo, ideado en 1752 por el primer ministro británico Henry Pelham. Los bonos pagan intereses de modo periódico, pero no hay un requerimiento para repagar el capital (aunque esto puede ocurrir como en el caso de la deuda de 100 años del Grupo Disney que se pagó a los 30 años de su emisión). Este tipo de deuda extiende los plazos de maduración y el pago anual está predeterminado. Por supuesto que en esta especie de perpetuidad se puede calcular el valor presente de los bonos y el inversionista puede administrarla en un determinado escenario de riesgo.
Una de las cuestiones relevantes en estos asuntos fiscales y financieros es si los resultados que se exhiben y la forma en que se interpretan tendrán una articulación efectiva que promueva el crecimiento de largo plazo con elevación de los ingresos de los hogares. No es necesariamente el caso, la economía ha operado durante varias décadas en un escenario de lenta expansión y sin un reordenamiento de su estructura productiva más allá del provocado por la apertura comercial y financiera. No puede pensarse en un reacomodo automático de los factores que promueven el crecimiento.
