La información relativa a las inspecciones de la Secretaría de Gobernación aplicadas a casinos no será pública, al menos hasta el final del sexenio actual.

La dependencia reservó por cinco años las actas de inspección, de procedimientos iniciados en 2013 y 2014, es decir, serán datos públicos hasta 2018 o 2019. Por tanto, no se sabrá a detalle la situación de los establecimientos supervisados por la autoridad federal o las características de los que les ha revocado el permiso para operar.

El argumento de la dirección general de Juegos y Sorteos de la dependencia es que las actas de inspección forman parte de expedientes de procedimientos administrativos reservados por cinco años, a partir de la fecha en que se inició cada uno. Lo anterior en cuanto al trabajo de supervisión de este gobierno.

Al solicitar, vía transparencia, los datos de supervisión correspondientes a 2012 (último año de la administración de Felipe Calderón, acusada de favorecer a determinados casineros) la respuesta fue que no hallaron nada.

En relación a la estadística de inspección del año 2012, realizada una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos de esta unidad administrativa, se hace del conocimiento del peticionario que la misma es inexistente.

Mientras, el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión terminó sin que los senadores revisaran la nueva ley de juegos y sorteos con apuesta, aprobada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014.

Así, en los siguientes meses, salvo que se incluyera el tema para un periodo extraordinario, la operación de los casinos continuará con base en la ley de 1947.

El valor de la llamada industria del juego en México se calcula en por lo menos 55 mil millones de pesos al año, incluida la operación actual de alrededor de 300 casinos en todo el país, propiedad –en conjunto– de una treintena de compañías.

A inicios de 2015, Gobernación señaló que cada año hay entre 2.5 y 28 millones de jugadores habituales en ese mercado, el cual entrega al erario 22 mil millones de pesos, entre participaciones e impuestos.

En cuanto a las supervisiones de este sexenio, sólo se hizo pública un acta, elaborada el 12 de junio de 2013 a la empresa Promojuegos de México de uno de sus casinos (Bingo 777), ubicado en Toluca, estado de México.

El documento de verificación se encuentra testado, es decir, con datos ocultos o eliminados y en una parte se dan detalles generales y se precisa que los permisos legales están exhibidos en una vitrina en el interior.

En cambio, en lo relativo a las actas de inspección reservadas, tan sólo en 2013 se realizaron 45.

En la lista pública sólo se detalla el número de procedimiento administrativo y se precisa que el periodo de reserva es por cinco años, lo mismo para los casos consultados de 2014.

Ahí aparecen establecimientos de permisionarios sancionados o a quienes en 2015 se les retiró la anuencia de operación.

Asimismo, la dependencia reservó, por seis años, información de las actas con base en las cuales se revocó el permiso a Entretenimiento de México y también el documento con que se declaró insubsistente el permiso de Exciting Games.