En relación con la aplicación de lo que se denomina justicia cotidiana, y que el gobierno federal reconoce que no hay confianza de los mexicanos en ella, el caso de la acción colectiva contra el maíz transgénico es un ejemplo de que las mismas dependencias federales, como las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente, obstaculizan su cumplimiento, señaló René Sánchez Galindo, abogado de Colectivas AC.

Explicó que luego de 22 meses de que se presentó la demanda, apenas comenzará el juicio para determinar si es viable el cultivo de maíz transgénico en México, y esto, sobre todo porque las secretarías apelaron de la medida precautoria de un juez de suspender la entrega de permisos de siembra del grano genéticamente modificado, así como de la demanda.

Parece que el presidente Enrique Peña Nieto hace una declaración sin mirar la viga en el ojo propio, porque quien genera que la justicia esté alejada de los ciudadanos es el gobierno. En el caso del maíz, durante casi nueve años la administración federal, incluida la parte que toca a la actual, desoyó a la sociedad civil y a los científicos más destacados de México sobre los riesgos de la siembra del maíz transgénico y se ha volcado en favor de las empresas, explicó.

Sánchez Galindo, quien encabeza la acción colectiva que presentaron decenas de ciudadanos y organizaciones, dijo que el gobierno federal no hizo una verdadera consulta sobre el cultivo del grano transgénico en el país y hoy estamos en juzgados haciendo lo que no hizo.