La Cámara de Diputados desempolvó y aprobó ayer una propuesta de 2009 que obliga la compra de automóviles nuevos al imponer el requisito a propietarios de vehículos con antigüedad mayor a tres años de realizar una segunda verificación y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las carreteras federales.

Sólo los autos nuevos estarán exentos de ambas verificaciones y los diputados definieron que las propias armadoras o concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones. Quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que podrá retirar de la circulación los vehículos. Se trata de un negocio redondo, otra vez a costa de los ciudadanos, cuestionó el diputado Carol Antonio Altamirano (PRD).

En el penúltimo día de sesiones, el pleno rescató una propuesta que como senador presentó en 2009 el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eloy Cantú Segovia (PRI), pero como se le hicieron cambios fue devuelta al Senado.

Se busca establecer un programa de verificación de alcance nacional, aplicable a todos los vehículos, incluidos los que se importen, para certificar las emisiones y que cumplan con las normas de seguridad que operan en el país.

Se calcula que el parque de automotores del país es de 25 millones; el PRD indicó que el pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7 mil 500 millones de pesos.

Salvador Romero Valencia, diputado por Michoacán, dejó claro el sentido de la reforma a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales:

Estamos a favor de esta minuta porque sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz, generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el país.

La reforma prevé que sólo los autos nuevos estarán exentos de esta verificación durante los primeros tres años a partir de la fecha de su venta de primera mano.

Para cumplir con esta obligación, la cámara validó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) concesione la apertura de nuevos verificentros de carácter federal, donde se haga una revisión de los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, que serán operados por particulares con un permiso expedido por la dependencia.

Los propietarios que no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito.

El cambio también va en contra de los autos que se compran en Estados Unidos y se importan desde 2005, gracias a un decreto del ex presidente Vicente Fox para la legalización de autos chocolates.

Gracias a este decreto se han importado hasta ahora casi 4 millones de unidades a México, mientras la industria automotriz ha perdido terreno en las ventas en el mercado interno, argumentó Cantú Segovia en su iniciativa.