n día después de que el Senado de la República aprobó un dictamen de reforma política para el Distrito Federal, que convierte a la capital del país en una entidad federativa llamada Ciudad de México, éste fue rechazado por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados, con el argumento de que se trata de una reforma incompleta que debía ser discutida más ampliamente. Habida cuenta del periodo electoral en ciernes, la negativa de San Lázaro a discutir la medida en la capital hace suponer que esa modificación legal difícilmente será abordada durante la actual legislatura.
Es innegable la necesidad de avanzar en una modificación del estatuto constitucional del Distrito Federal que consagre la plena igualdad de éste respecto del resto de las entidades federativas y lo dote de plena soberanía política, fiscal y en materia de procuración de justicia y seguridad, como condiciones necesarias para la recuperación plena de los derechos civiles y políticos de sus habitantes.
Precisamente, por eso resultaba inaceptable la versión de reforma política aprobada por el Senado, en la medida en que se sustentaba en la creación de una asamblea constituyente, cuya composición no necesariamente reflejaría las preferencias políticas de los capitalinos: de los 100 asientos de esa asamblea, 60 serían electos por el principio de representación proporcional, 28 por el Senado y la Cámara de Diputados y los 12 restantes serían nombrados por la Presidencia de la República y el Gobierno del Distrito Federal.
En los hechos, ese diseño institucional habría equivalido a una distorsión democrática originaria y a una constitución redactada bajo el signo de una legitimidad dudosa y cuestionable.
Si la capital de la República ha debido esperar tantas décadas para librarse de la tutela política del gobierno federal, sería devastador que el deseado estatuto de soberanía quedara afectado por una representatividad deficiente y sesgada. Es preferible, en todo caso, que se haya abierto un espacio adicional para la discusión legislativa de un tema que reviste enorme relevancia para los habitantes de esta urbe y para todo el país. La ciudad de México merece y necesita, a corto plazo, una refundación real y representativa que elimine el estatuto constitucional discriminatorio que padecen sus habitantes y establezca el cambio de esta demarcación como un estado más, con las obligaciones, los derechos y las prerrogativas que corresponden al resto de las entidades federativas del país para que dejen de ser vistos como ciudadanos de segunda.
En días pasados se han divulgado en las redes sociales infundios según los cuales en la administración de La Jornada habría tenido lugar un desfalco millonario, que para cubrirlo se pretendía recortar en 40 por ciento los salarios del personal y, en suma, que nuestra publicación estaría en el límite de su viabilidad. Esas versiones calumniosas fueron retomadas por algunos medios, lo que generó inquietud en nuestros lectores, preocupados por la situación del diario y conscientes de su relevancia como instrumento informativo de la sociedad. No pocos de ellos han formulado expresiones de solidaridad y simpatía, las cuales agradecemos y valoramos en la medida en que reafirman el vínculo ya histórico que se ha establecido entre La Jornada y su público.
Para honrar su compromiso con los lectores y con la sociedad en general, es necesario despejar la zozobra que pudiera haberse creado y compartir algunas precisiones y reflexiones.
Para empezar, la campaña de calumnias se presenta en momentos en que la gerencia de Demos, Desarrollo de Medios SA de CV, empresa editora de este diario, y el Sindicato Independiente de Trabajadores de La Jornada (Sitrajor) llevan a cabo un proceso de revisión contractual, como ocurre cada dos años. La negociación se realiza en los términos pactados por la empresa y por la representación de los trabajadores y, si bien existe un emplazamiento a huelga, cabe precisar que tal circunstancia es habitual en estos procedimientos, y que se tiene la perspectiva de llegar a un acuerdo viable, del cual están de antemano excluidos los recortes de personal (que nunca se han producido en este medio) y las reducciones salariales mencionadas en las versiones que corren.
Por otra parte, no es ningún secreto que, como ocurre con los pocos medios independientes del país –los que no forman parte de grandes corporaciones ni cuentan con el respaldo tácito de grupos de interés–, la gestión empresarial de La Jornada se desarrolla en circunstancias especiales por la naturaleza misma de nuestro periódico.
Sería pecar de ingenuidad ignorar que la difusión de calumnias parece orientada a acentuar y agravar las circunstancias mencionadas, especialmente en un periodo caracterizado por el acoso a los medios informativos que no someten su línea editorial a los poderes económicos y políticos y que dan cobertura cotidiana a los problemas de los ciudadanos y a las luchas sociales de diverso signo.
Resulta significativo, además, que cuando el país enfrenta una situación tan incierta y preocupante como la presente, en la que sobran asuntos graves y temas noticiosos de primordial importancia, se busque convertir en noticia una negociación regular entre los trabajadores y la empresa editora de La Jornada, agregándole truculencias inexistentes y fabricaciones difamatorias.
Agradecemos a los medios informativos y comunicadores que dieron cuenta de la postura de La Jornada ante la campaña de maledicencias en su contra. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir registrando el acontecer nacional desde una perspectiva plural, propositiva y crítica, como hemos venido haciendo durante más de tres décadas, así como de seguir ofreciendo una tribuna a los sectores y actores sociales que carecen de ella. Refrendamos la fidelidad a la línea editorial que nos caracteriza desde la fundación del diario y damos las gracias, desde luego, a nuestros lectores, que son y seguirán siendo la razón de ser de nuestro trabajo cotidiano.
