Controversia interpuesta por el Congreso contra el instituto
Jueves 30 de abril de 2015, p. 24
El proyecto de dictamen que valida las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sobre la portabilidad de números geográficos y no geográficos, que será discutido en la sesión de hoy del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fue bien recibido por los ministros que integran el máximo tribunal.
Confiaron lo anterior fuentes judiciales, las cuales agregaron que si bien habrá diferencias en cuanto a la forma en que el ministro instructor, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, abordó el tema, se prevé que el pleno avale las facultades que tiene el Ifetel como organismo autónomo especializado del sector telecomunicaciones.
La Corte discutirá la controversia constitucional prioritaria
que interpuso el Congreso en contra del Ifetel, la cual se distingue de otras demandas porque le llevará a la Corte no más de cuatro meses resolverla, cuando este tipo de casos se lleva más de un año. En este caso, los legisladores argumentaron que el Ifetel había invadido la esfera de competencia del Congreso al estipular plazos y requisitos adicionales a los aprobados en la ley respectiva.
El proyecto de dictamen, al cual tuvo acceso La Jornada, valida el acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) que emitió las Reglas de Portabilidad Numérica y que modificó el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la aplicación de la portabilidad de números geográficos y no geográficos.
Y precisa que este tipo de diferendos de opinión sobre aspectos técnicos y económicos en este tipo de procesos especializados en el sector telecomunicaciones
fue resuelto por la Constitución al crear un órgano constitucional autónomo
que es el encargado de determinar la mejor opción técnica al margen de los entes regulados y de presiones políticas
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Sostiene que la reglamentación genera condiciones de eficiencia en el sector telecomunicaciones, minimizando los costos incurridos por los agentes económicos y asegurando su continuidad, al mismo tiempo que permite un control que garantice a los usuarios el acceso a su derecho a la portabilidad
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