Para evitar que la candidata a diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen Salinas Lozano, goce de la protección del fuero constitucional, ayer se interpuso una denuncia penal en su contra por presunto tráfico de influencias, que involucran al magistrado de la tercera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Lino Pedro Bolaños.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal AC, José Antonio Ortega, expuso que luego de una diferencia laboral y varios procedimientos legales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje por despido injustificado, Luis Simón Montaño logró un laudo en su favor por medio del cual se le pagarían alrededor de 3 millones de pesos de indemnización, debido a que fue separado de manera injustificada de la obra de teatro Aventurera.

Sin embargo, la actriz promovió un juicio por fraude procesal y a pesar de que en dos ocasiones el expediente se consignó al juez penal 43, éste fue rechazado porque no se configuraba el delito. No obstante, Salinas Lozano recurrió al recurso de apelación para que se le girara una orden de aprehensión contra el músico de Aventurera.

Ante las supuestas presiones que ejerció la productora con el citado magistrado del tribunal, según se señala en la denuncia presentada, el ex trabajador fue detenido el pasado 5 de marzo e ingresado al Reclusorio Norte, donde se encuentra sujeto a proceso penal por fraude procesal, cuando en realidad es la víctima.

La detención, de acuerdo con el dirigente, se realizó probablemente porque Carmen Salinas utilizó sus relaciones públicas para que un magistrado del Poder Judicial –Lino Pedro Bolaños Cayetano– emitiera una orden de aprehensión contra Simón Montaño, quien logró demostrar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que fue despedido de manera injustificada.

Ante esos hechos, que sí son delito, la señora Carmen Salinas debe ir a la cárcel antes de que obtenga el fuero. Políticamente su partido puede hacer lo que quiera, puede presentar a los candidatos que quiera, pero que no nos venga a engañar presentando a una persona que apenas designan como candidata y ya está presionando a los magistrados para que cambien sus resoluciones, expresó José Antonio Ortega en la entrada principal del edificio sede la PGJDF.

En compañía de los abogados del músico, argumentó que no hubo tal fraude procesal que denunció Carmen Salinas, quien incluso pagó cerca de la mitad de la indemnización que se determinó en el laudo en favor del trabajador.