En respuesta a la aplicación de la reforma energética, la cual propiciará que más de 2 mil 500 ejidos, comunidades indígenas y áreas naturales protegidas sean ocupadas total o parcialmente por Petróleos Mexicanos (Pemex) y trasnacionales, y los megaproyectos que ya llevan a cabo empresas de capital extranjero en el país, se tendrá que articular una resistencia nacional para la defensa del territorio, los recursos, el agua y los derechos humanos de las comunidades.

Ante la defensa de la tierra y el territorio que llevan a cabo diversas organizaciones, este gobierno ha exacerbado la criminalización de la protesta, generándose en el país más persecución, encarcelamiento y violencia contra quienes dirigen esa resistencia. Incluso, como nunca, hay asesinatos de líderes sociales.

En el foro que se llevó a cabo en Casa Lamm, titulado Criminalización de la lucha social y la defensa de la tierra y el territorio, Roberto Rico, dirigente de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares-Línea de Masas; Juan Carlos Flores, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y Francisco Jiménez, del Frente Indígena y Campesino de México, coincidieron en lo anterior y señalaron que es fundamental crear nuevas formas de organización social y fortalecer las que ya existen en defensa de los derechos de los mexicanos.

Roberto Rico sostuvo que la reforma energética presenta nuevos retos para los movimientos que luchan en defensa de la tierra y sus territorios, pues casi 200 municipios se verán afectados por la ocupación temporal de trasnacionales que vendrán a explorar y explotar petróleo y gas. Ello plantea el desafío de construir organizaciones lo suficientemente amplias, capaces de incidir en esos territorios, expresó.

Juan Carlos Flores planteó que tras la avanzada de las trasnacionales, en casos como el Proyecto Integral Morelos, hay despojo de bienes naturales, violaciones a los derechos humanos, arrebato de recursos, como el agua; corrupción y cooptación de autoridades locales; acuerdos de empresas que no se cumplen y, por supuesto, criminalización de la protesta e intimidación. Recordó que en los estados del sureste del país, de 133 presos políticos que hay, 125 son de organizaciones por la defensa de la tierra.

Por su parte, Francisco Jiménez indicó que el retorno del PRI al poder ha significado la imposición de reformas que vienen a legalizar el despojo del territorio y sus recursos, a manos de trasnacionales.