Los juzgados del país, fundamentalmente los del fuero común, están saturados de demandas interpuestas por personas que, en el mejor de los casos, llevan meses padeciendo la burocracia judicial y aún no reciben sentencia de primera instancia.

La sobrecarga de trabajo en los juzgados civiles, familiares, mercantiles, administrativos y penales, o en las juntas locales de conciliación y arbitraje, en los tribunales de justicia fiscal y administrativa, o en las agencias del Ministerio Público, ha provocado que los juicios, procedimientos legales o averiguaciones previas ahí radicados sean lentos, costosos e intrincados para quienes deben someterse a la acción de los tribunales de justicia.

Prácticamente no existen cifras oficiales que desnuden esta problemática, pero un estudio reciente denominado Censo nacional de impartición de justicia estatal 2014, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (sobre las demandas de diversas materias del derecho presentadas durante los 12 meses de 2014 en las 31 entidades del país y el Distrito Federal), demuestra que tan sólo en ese año se iniciaron en los juzgados, juntas de conciliación y arbitraje locales o en tribunales fiscales y administrativos de las entidades, 2 millones 142 mil 872 demandas.

A decir de los doctores en derecho Alberto del Castillo del Valle y Jesús Alberto Guerrero Rojas, la justicia en México es compleja por los vicios de excesivo formalismo en que incurren jueces, autoridades administrativas y asesores jurídicos, derivado de la trayectoria cultural y académica de los abogados.

Quién mejor para contar una historia de burocracia en oficinas gubernamentales y en juzgados que la profesora Rosa María Ortiz Huante. Durante 15 años consecutivos dio clases en una primaria pública de Uruapan, Michoacán, hasta que en agosto de 2013 un médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado diagnosticó que la maestra padece una enfermedad pulmonar degenerativa que la obligó a retirarse anticipadamente.

Desde hace por lo menos 15 años, el sindicato de maestros disidentes en Michoacán consiguió que aquellos profesores que obtuvieran una incapacidad médica (total o permanente) pudieran cobrar al gobierno estatal un seguro de vida y/o de incapacidad médica.

La maestra Ortiz recibió el pasado 6 de enero un reconocimiento de adeudo por escrito, firmado por Arturo Ismael Ibarra Dávalos, enlance jurídico de la Secretaría de Educación de Michoacán.

“El derecho que usted tiene (a cobrar un seguro) ha sido suspendido (…) por cuestiones de problemas financieros a los que se enfrenta el gobierno del estado de Michoacán”, refiere el texto firmado por Ibarra.

En entrevista con este diario, la profesora Ortiz dijo que Guillermo Ramírez Bañuelos, director de Recursos Humanos de Michoacán, se han negado a pagarle bajo el supuesto de que el actual gobernador, Salvador Jara Guerrero, dio la orden directa a la Secretaría de Finanzas de no realizar ningún tipo de pago por concepto de seguros.

Ante la reticencia de las autoridades michoacanas, Ortiz Huante tuvo que contratar abogados especializados que litigan su caso en los tribunales.

No menos indignante es el caso de Elisa Mizrahi Ambe, quien hasta hace tres años vivía cómodamente en un penthouse en la exclusiva zona de Interlomas, hasta que su esposo, el empresario Mayer Zaga Romano, dedicado a la industria textil, la acusó de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Después de pagar abogados y presionar a agentes del Ministerio Público, Zaga consiguió llevar a prisión a su esposa, por unas horas. La mujer tuvo que pagar una cuantiosa fianza para recuperar su libertad.

Tras varios años, Mizrahi ha intentado divorciarse de su marido y obtener una pensión alimenticia decorosa para sus cuatro hijos, pero Zaga ha hecho hasta lo imposible por retrasar las sentencias, mediante argucias legales y acusaciones penales infundadas contra la mujer.