A pesar de que en diferentes momerntos ha reconocido que el servicio de taxi que proporcionan las empresas Uber y Cabify es ilegal, al utilizar vehículos sin cromática y con placas particulares, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) del Distrito Federal, Rufino H. León Tovar, ha sido omiso en actuar contra ellas, que llevan casi dos años de operar en la capital del país, acusó la Organización de Taxistas Unidos de la Ciudad de México.

Por este motivo, alrededor de 100 operadores de este medio de transporte se manifestaron frente a la sede del Gobierno del Distrito Federal (GDF), donde el vocero de los quejosos, Daniel Medina, aseguró que todo apunta a que la administración capitalina pretende regular lo ilegal y hacer una declaratoria de necesidad para dar placas de taxis a estas empresas, lo cual, dijo, es innecesario, pues ya hay más de 140 mil taxis legalmente concesionados.

Criticó que desde hace un año León Tovar se ha negado a hablar con ellos sobre esta problemática, motivo por el cual, dijo, desde el pasado 10 de diciembre presentaron una denuncia en su contra ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por mal desempeño de sus funciones.

Agregó que por estas empresas, que operan mediante aplicaciones para teléfonos móviles, los ingresos de los taxistas, especialmente de sitio y radiotaxi, han disminuido hasta en 30 por ciento.

Afirmó que al operar de esta manera, Uber y Cabify cometen un delito, previsto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, y que es obligación del titular de la Semovi denunciarlo, pues son prácticas que conllevan sanciones e incluso prisión.

Frente al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los quejosos recordaron que el jueves pasado Rufino León declaró ante los medios de comunicación que los servicios de estas empresas son ilegales, debido a que prestan el servicio sin contar con una concesión, lo que implica un delito. Sin embargo, cuestionaron que pese a ello se les permita operar y en vez de sancionarlos pretendan hacerles un apartado exclusivo en la reglamentación de la Ley de Movilidad.

Ante esa situación, manifestaron que el gobierno capitalino tiene la obligación de llevar a cabo revisiones para impedir la operación ilegal de este servicio, que entre otras irregularidades ha impuesto una tarifa por su servicio 300 por ciento más alta que las autorizadas, pese a que, según la norma, el jefe de Gobierno de la ciudad es el único que puede determinar el monto de las mismas.