Oaxaca, Oax.

A cinco años del homicidio de los defensores de derechos humanos Alberta Bety Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos, y el finlandés Jyri Jaakkola, la justicia no se ha aplicado en Oaxaca, pues aún siguen libres 11 paramilitares responsables del asesinato de los activistas que integraban la caravana humanitaria que buscaba romper el aislamiento de la agencia de San Juan Copala, en la región de la Mixteca, aseguró Omar Esparza, viudo de Cariño y líder de la organización el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maíz).

Desde temprana hora, 150 integrantes de Maíz tomaron la caseta de cuota de la autopista Oaxaca-México, tramo Oaxaca-Cuacnopalan, para pedir cooperación a los automovilistas y enseguida dirigirse a la ciudad Oaxaca, donde realizaron una marcha que partió de la Fuente de las Ocho Regiones hacia el zócalo.

Esparza señaló que a cinco años del homicidio de su esposa y del activista finlandés no hay grandes avances, pues uno de los detenidos ya falleció y otros dos fueron aprehendidos a principios de este año, lo cual demuestra la lentitud de las investigaciones del caso.

No nos bastan tres detenidos, indicó, tras subrayar que falta por arrestar a diferentes personas que han fungido como autoridades en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, donde se ubica San Juan Copala. Lo más indignante –agregó– es que estas personas no han huido, sino que permanecen en la zona y han vivido con salarios del erario. No creemos que no puedan detener a los responsables. Más bien creemos que los protegen y los encubren”, dijo tras acusar al ex gobernador Ulises Ruiz de ser responsable del ataque a la caravana.

David Peña, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, dijo que la Procuraduría General de Justicia del Estado giró hace tres años un total de 14 órdenes de aprehensión, pero salvo tres, el resto está en proceso, y aunque saben donde están los responsables, no han sido completadas.