La violación sufrida por Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega a manos de militares, en febrero y marzo de 2002, respectivamente, es un ejemplo de cómo ‘‘la violencia sexual es utilizada como tortura’’, cuya gravedad se acentúa cuando la cometen integrantes del Estado en contra de quienes forman parte de un grupo vulnerable, como el caso de mujeres indígenas, afirmó la ministra Olga Sánchez Cordero.

Agregó que, cuando agentes del Estado (sean policías o militares) estén involucrados en este tipo de actos ilícitos, los juzgadores deberán cerrar cualquier resquicio a la impunidad y, una vez probado el delito, ordenar la reparación del daño correspondiente.

Al continuar ayer la discusión sobre los alcances de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), en la que resolvió que el Estado mexicano fue responsable de no hacer cumplir el derecho a la justicia de las denunciantes, el pleno dividió opiniones, lo que obligó a aplazar el tema para una fecha próxima.

José Ramón Cossío manifestó su desacuerdo con el proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, al considerar que la propuesta no incorpora ‘‘una perspectiva de género y de etnicidad’’ suficientes, además de que el documento no establece elementos que garanticen que los juzgadores resuelvan con perspectiva de género casos de violencia sexual, como ordenó la CoIDH.

Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan N. Silva Meza y Arturo Zaldívar coincidieron en que el proyecto incluya criterios jurídicos, tanto de la Coridh como de la propia SCJN en materia de perspectiva de género y etnicidad, lo cual fue bien recibido por el ministro ponente, quien se comprometió a agregar dichos puntos de vista a su proyecto, pero sin reconocer los argumentos de Cossío.

El ministro instructor informó que entre 2013 y 2014, la Procuraduría General de la República detuvo y consignó a cuatro soldados (uno retirado) por tortura, violación, robo, abuso de autoridad y allanamiento de morada, pero el juzgado segundo de distrito del vigésimo primer circuito con sede en Acapulco no ha dictado sentencia. Pérez Dayán solicitó unos días para poner ‘‘en blanco y negro’’ las propuestas de sus compañeros.