Entre 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos; asimismo, los procesos son largos y con numerosos obstáculos para llevarlos a cabo; además, existen dudas de que sirvan para solucionar los problemas de los ciudadanos.

La justicia se percibe lejana, incomprensible, y la falta de acceso a ella tiende a incrementar la desigualdad social. Así lo advierte el Informe y propuestas sobre justicia cotidiana en México, que ayer se entregó al presidente Enrique Peña Nieto.

La carencia de justicia cotidiana tiene que ver con los problemas que enfrentan, por ejemplo, las trabajadoras domésticas cuando no les pagan sus salarios o les niegan sus días de descanso; las dificultades que pueden tener pequeños empresarios para cobrar adeudos, y conflictos de convivencia entre vecinos. Con mucha frecuencia, señala el informe, las personas que enfrentan alguno de estos problemas no sabe adónde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

Siete foros temáticos

El informe y propuestas que realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (Cide), en conjunto con 17 instituciones académicas del país, tuvo como antecedente siete foros temáticos y ocho más con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como un foro virtual permanente. También se recibieron propuestas a través de aplicaciones para dispositivos móviles.

El resultado es un documento con 217 recomendaciones en materia de justicia cotidiana y un plan con 20 acciones que se pueden realizar de manera inmediata. Se dividen en tres grupos. En uno de los temas prioritarios, el documento plantea que el Ejecutivo federal convoque a una instancia de diálogo y concertación que diseñe, proponga y evalúe la política pública de acceso a la justicia; crear centros de asistencia jurídica temprana para apoyar a quienes enfrentan un conflicto; revisar los programas de formación de los abogados y la regulación de su ejercicio.

También, revisar el modelo de operación de las juntas de Conciliación y Arbitraje y el de justicia familiar. Otro grupo de propuestas se refiere a mecanismos de organización y atención de usuarios en las dependencias del gobierno federal y uno más aborda acciones para mejorar la operación del sistema de justicia y reducir la marginación jurídica (que hace que las personas no puedan iniciar algún proceso por carecer de documentos oficiales).

En la ceremonia, Ana Laura Magaloni, profesora investigadora del Cide, resaltó que la prosperidad del país no será posible si las personas carecen de mecanismos accesibles y efectivos para proteger su patrimonio y entorno más íntimo. La demanda de justicia insatisfecha es una realidad insoslayable en el país, subrayó.

En tanto, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, planteó que sin justicia cotidiana no habrá prosperidad de la nación ni garantía para el futuro de la democracia. Señaló que las reformas estructurales logradas con el Pacto por México están incompletas. Les falta hacer realidad la justicia cotidiana, entendida como el mecanismo para la solución de los conflictos inmediatos y que no involucran procesos penales. Advirtió que sin acceso a la justicia cotidiana ‘‘la modernidad política podría desfondarse’’.