El Poder Judicial Federal ha comenzado a homologar el criterio de sus jueces y magistrados, quienes están optando por conceder sentencias absolutorias y ordenar la libertad de presuntos delincuentes que fueron sometidos a actos de tortura por autoridades policiacas o militares que los detuvieron, con el fin de obtener su confesión.

Según estadísticas del Consejo de la Judicatura Federal, a las que La Jornada tuvo acceso, de enero a marzo pasado se presentaron al menos 840 incidentes innominados en el país para solicitar la libertad de algún inculpado, que supuestamente fue sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a su persona.

Los recursos están sustentados en la supuesta violación a diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y al protocolo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en diciembre pasado, el cual es una guía obligatoria para la actuación de jueces, magistrados y defensores públicos federales que conozcan de casos donde se presuma la existencia de tortura.

En teoría, los casos de tortura en México siempre han sido causal de absolución de un imputado, pero en los hechos se habían convertido en argucia legal utilizada por miles de abogados en procesos penales, pero que pocas veces resultaba efectiva, ya que los jueces optaban por minimizar el impacto que tenía la tortura en la culpabilidad de una persona.

El gobierno de Peña Nieto ha rechazado que en México la tortura sea una práctica generalizada.

El 27 de marzo pasado, el canciller José Antonio Meade hizo suya la descalificación del trabajo del relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez.

En su informe sobre una visita que realizó a México en 2014, presentado el pasado 8 de marzo, Méndez sostuvo que la tortura es una práctica generalizada en México.

Asuntos resueltos

De los casos recientes más sonados de tortura que derivaron en la libertad de un imputado destaca el de Alfonso Martín del Campo Dodd, quien llevaba casi 23 años preso por el homicidio de su hermana y cuñado, y a quien la SCJN liberó el pasado 18 de marzo.

En un caso similar, durante la primera quincena de este mes, Ismael Coronel Sicairos, El Judío, ex dirigente ganadero relacionado con la administración de Mario Marín en Puebla, acusado de ser operador de los Beltrán Leyva, fue absuelto y liberado.

Una semana después, el segundo tribunal colegiado penal de Guadalajara canceló condena y multa a presunto miembro del cártel del Golfo, tras considerar que había indicios de que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura.

El tribunal concedió el amparo directo 188/2014 a Jesús Manuel Delgado Valenzuela, pues concluyó que, indebidamente, no fueron valoradas en el juicio las pruebas de tortura en su agravio.

El 14 de abril pasado, el cuarto tribunal colegiado penal concedió un amparo liso y llano a Marlis Cupil López, una de las principales implicadas en el caso Andrés Granier, al cancelar en definitiva la orden de aprehensión librada en su contra.