l anunciar la reprivatización bancaria, en mayo de 1990, el entonces inquilino de Los Pinos dijo que su objetivo era democratizar el capital financiero, y al modificar la ley minera (1992) aseguró que su intención no era modernizar esa actividad productiva. En ambos casos, desde luego, el discurso cerró con la clásica frase de que todo se hizo por el bien de la nación.

A la vuelta de 23 años, lejos de democratizar el capital financiero, el logro fue concentrarlo aún más, mientras la modernización minera reforzó el oligopolio existente y promovió el retorno a los tiempos de las ordenanzas mineras de la época colonial, y en ninguno de los casos las acciones fueron para beneficiar a la nación, porque se cedió el control financiero y productivo a intereses foráneos.

Informa La Jornada (Roberto Garduño) que a estas alturas 70 por ciento de las concesiones mineras (otorgadas por el gobierno federal) están en manos extranjeras, principalmente de consorcios canadienses, los cuales han enfocado su interés e inversiones en las enormes reservas de oro que tiene el país, pero que ni lejanamente lo beneficia.

Revela la citada información que las reformas neoliberales aplicadas por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo en la década de los 90 del siglo pasado abrieron indiscriminadamente el sector minero a la inversión extranjera, que se apropió 70 por ciento de las concesiones, que suman 92 millones de hectáreas en el territorio nacional. La Cámara Minera de México (Camimex) informó en un reporte reciente sobre la composición de la participación privada en el sector, que el restante 30 por ciento se encuentra en manos de empresarios de origen nacional. En la actualidad, la participación de las firmas extranjeras en la exploración minera en México es superior a dos terceras partes del total. De ellas, Canadá participa con 74 por ciento de los proyectos mineros (que representan 207); Estados Unidos, 15 (43); China, 3 (8); Australia, 2 (6); Japón, 2 (5); otros, 4 por ciento (11).

Desde que a Salinas de Gortari se le ocurrió beneficiar al país con la reforma a la ley en la materia, cerca de la mitad del territorio nacional ha sido concesionado (léase entregado) a consorcios privados, nacionales y foráneos, dedicados a la explotación minera, y a cambio la nación no ha recibido un centavo, pues México es de las escasas naciones en el mundo que no cobran regalías mineras.

De hecho, el gobierno de Canadá –cuyas empresas en México encontraron el paraíso productivo y fiscal– cobra regalías mineras a una tasa que fluctúa entre 10 y 17 por ciento, según la provincia de que se trate. Incluso, para las explotaciones mineras en Terranova y Labrador el cobro de regalías mineras es de 15 por ciento sobre el 80 por ciento del ingreso gravable, y 20 por ciento sobre el resto. Lo anterior, desde luego, más los impuestos regulares.

En México no pagan regalías. Ni un centavo, como tampoco las empresas nacionales (Grupo México, de Germán Larrea; Peñoles, de Alberto Bailleres, y Frisco, de Carlos Slim, por citar a las concentradoras). Aquí el gobierno les ha abierto las puertas (algunos dicen que no se trata de puertas, sino de piernas) y les ha concesionado la mitad de la República, constituyendo así la versión modernizada del latifundismo porfiriano, ahora con todo y petróleo, gracias a la reforma energética.

En Chile, nación minera por excelencia y cuna del neoliberalismo latinoamericano, la regalías mineras son del orden de 9 por ciento; en Australia van de 3.5 a 5; en Mongolia de 5; en Perú de 3; en Sudáfrica de 2, y en Estados Unidos (Alaska) de 10 por ciento. En México, cero por ciento, porque dicen los genios del gobierno que si se cobran se espanta la inversión.

Es de suponer que en México las regalías son de otro orden y se depositan no en las arcas nacionales, sino en los bolsillos de quienes autorizan las concesiones. Tanta impunidad para empresas y empresarios ni lejanamente es gratuita.

Las empresas canadienses arrasan con el oro mexicano. En este espacio se han documentado aberraciones como la siguiente: en una de tantas épocas de volatilidad, en 2011 al Banco de México le dio por incrementar sus reservas en oro y adquirir ese metal para fortalecer sus mecanismos de protección en contra de las hordas especulativas. Para ello destinó una cantidad multimillonaria, porque la ocasión lo ameritaba, según dijo la autoridad. Bien, pero el gobierno mexicano, con dinero de los mexicanos, compró oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo adquirió a… empresas mineras canadienses, a precios históricos, concesionadas por el propio gobierno mexicano. De ese tamaño.

Como en toda familia mafiosa que se respete, el negocio de la minería en México se ha repartido entre varias famiglias. Por ejemplo, el cobre para Larrea, la plata para Bailleres y el oro para los consorcios canadienses, para no ir más lejos, todos ellos con enormes extensiones de tierra por cortesía del gobierno federal.

Es tan grande la entrega de territorio, que el inenarrable Germán Larrea, de Grupo México, se mantiene impune por el homicidio industrial en Pasta de Conchos, las tres huelgas mineras que se han mantenido por ochos años y el ecocidio en Guerrero y Sonora (lo arregló con unos cuantos pesos y sigue intoxicando a la población). Y el gobierno peñanietista mantiene la línea.

De acuerdo con los especialistas en la materia, si bien a los consorcios canadienses se les han entregado millones y millones de hectáreas del territorio nacional, no hay que perder de vista que las otorgadas a los dos principales barones de la minería mexicana –Germán Larrea y Alberto Bailleres– suelen ser las de mayor riqueza minera y las que conllevan menor trabajo de exploración y producción. La riqueza, prácticamente, está a ras de suelo.

Más adelante se abordará el tema con más precisión, pero se ha documentado que la modernización salinista de la minería ha provocado un incremento de mil por ciento en la extracción de oro mexicano en los 23 años que han transcurrido. Y de ese festín los habitantes de este país, propietarios originales del mineral, no han visto un solo centavo.

Las rebanadas del pastel

La democratización de la banca y la modernización de la minería son claros ejemplos de lo que le espera al petróleo (se supone) nacional. Sólo es cuestión de tiempo, y no mucho.

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