Washington.

El gobierno del presidente Barack Obama difundió ayer un informe de hace seis años que examinó un antiguo programa secreto que recopilaba información de llamadas telefónicas y correos electrónicos de los estadunidenses.

La oficina del director de Inteligencia Nacional dio a conocer públicamente el informe, en respuesta a una demanda interpuesta por el diario The New York Times al amparo de la Ley de Libertad de Información.

El ex presidente republicano George W. Bush autorizó el Programa Presidencial de Vigilancia después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. La revisión fue completada en julio de 2009 por inspectores del Departamento de Justicia, el Pentágono, las agencias Central de Inteligencia y de Seguridad Nacional (CIA y NSA, respectivamente, por sus siglas en inglés), así como por la oficina del director de Inteligencia Nacional.

Se llegó a la conclusión de que mientras muchos funcionarios de inteligencia creen que el programa llenó un vacío al aumentar el acceso a las comunicaciones internacionales, otros, incluyendo agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y analistas de la CIA, tenían dificultades para evaluar la contribución precisa del Programa Presidencial de Vigilancia a los esfuerzos antiterroristas, debido a que se le consideraba generalmente una entre muchas herramientas disponibles de recolección de datos de inteligencia.

Los críticos del programa de registros telefónicos, que permite a la NSA rastrear comunicaciones entre supuestos terroristas en el exterior y residentes en Estados Unidos, no creen que sea un arma antiterrorista efectiva. Agregaron que una agencia de inteligencia no tiene por qué indagar los registros personales de los ciudadanos.

Muchos favorecen en cambio un sistema en el que la NSA obtenga autorización judicial para recabar conversaciones conservadas por las compañías telefónicas.

La Ley Patriota expira el primero de junio, y los republicanos en el Senado presentaron un proyecto que permitiría seguir recolectando los registros telefónicos de casi todos los ciudadanos y, por tanto, se volverían a autorizar artículos de dicha norma, incluso la disposición por la cual la NSA requiere que las compañías telefónicas entreguen los registros de la mayoría de las conversaciones nacionales por líneas telefónicas terrestres.

Por otro lado, The New York Times, citando a funcionarios de Estados Unidos, reportó ayer que hackers rusos violaron el año pasado partes sensibles del sistema de computación de la Casa Blanca, la cual aseguró que no se vio afectada información clasificada.