Colima, Col.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (Conavim) dio seis meses al gobierno de Colima para atender y frenar las causas de la violencia de género, después de que varias organizaciones solicitaron que se instalara la Alerta por Violencia de Género en la entidad y el gobierno se opuso.

La violencia continúa, pues en tres meses han sido asesinadas seis mujeres.

Entre los 10 puntos que proponen, destaca que la legislación garantice el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos del sector femenino de la población. El gobierno estatal informó que recibió el informe de la Conavim en el que se establecen 10 planteamientos para evitar una Alerta por Violencia de Género, medida que solicitaron en diciembre la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez y la Fundación IUS Género.

Según las autoridades, los homicidios van en aumento, pues desde 2009, el número de víctimas era de ocho por año; sin embargo, en 2014 se elevaron a 14. Representantes de las organizaciones civiles recibieron bajo protesta el informe porque está incompleto, carece de análisis y no retoma ninguna de las propuestas planteadas por las asociaciones.

Mariana Martínez Flores, presidenta de la Fundación Ius Género, señaló que encontraron fallas técnicas y de fondo, como la eliminación de delitos como estupro y rapto. Hubiésemos estado mejor sin solicitar la alerta.

Las propuestas al gobierno estatal derivan del análisis de especialistas que propusieron adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se investiguen y resuelvan en un plazo razonable los casos de violencia.

Entre otros aspectos, plantean continuar y fortalecer las acciones que permitan la reparación integral del daño, así como medidas que modifiquen los patrones socioculturales que eliminen los prejuicios y las prácticas que tienen su fundamento en estereotipos masculinos y femeninos.

Proponen un diagnóstico de las necesidades específicas de sensibilización, capacitación, especialización y profesionalización de la actuación del personal encargado de la atención, procuración e impartición de justicia.