La gran mayoría de los parques de energía eólica instalados desde 1994 en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se ha dado sin consultas previas a las comunidades, fundamentalmente con población indígena. Además, en muchos de los casos los arrendatarios no reciben una contraprestación justa por el uso de los terrenos donde se levantan los aerogeneradores.

De acuerdo con una serie de análisis del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) del Pacífico Sur, en Oaxaca, se advierte que la población indígena no recibe condiciones de vida justa aun cuando sus integrantes son quienes aportan los espacios estratégicos para el asentamiento de esos sistemas de energía.

Incluidos en el libro La visión de los actores sociales frente a los proyectos eólicos en el istmo de Tehuantepec, los resultados de las investigaciones apuntan a que no podrá lograrse una planificación efectiva para el aprovechamiento de la energía eólica en esa región, si el componente social pretende ser marginado y mantenido en la pobreza.

En la presentación del libro, la noche del jueves en la Casa del Poeta, en la ciudad de México, Salomón Nahmad Sittón, profesor investigador del Ciesas del Pacífico Sur y coordinador de la obra, recomendó entablar un diálogo permanente y continuo entre las autoridades de todos los niveles de gobierno y empresarios, con las poblaciones del lugar.

Es indispensable realizar consultas públicas en las zonas indígenas para conocer cómo impactan los proyectos de energía eólica en su entorno social y cultural, señala una de las recomendaciones expuestas en la investigación.

Nahmad Sittón comentó que en el estudio sólo pudo documentarse un caso de un desarrollador que tuvo un acercamiento con las comunidades mediante un equipo de antropólogos y sociólogos, quienes elaboraron un estudio de corte social, y que hoy rinde frutos por su grado de aceptación. Pero el resto de las empresas, regularmente se mantienen al margen de las necesidades de las comunidades, lo que genera también un impacto.

Además, los desarrolladores omiten informar a la población que por ley tienen que hacer inversión social, y les dicen que la empresa les hará obra social para compensar los daños y alteraciones que trae consigo el proyecto eólico. Las obras se reducen a pavimentación o mantenimiento de escuelas.

En ese acto también participaron Katya Puga, directora general adjunta de Evaluación de Impacto y Consulta de la Secretaría de Energía, y Claudia Pastor, gerente de la coordinación regional y de oficinas nacionales de la Comisión Federal de Electricidad, quienes señalaron que los pagos por la contraprestación han ido en aumento, y que se trabaja con el compromiso de los derechos de esas comunidades y en la promoción del diálogo entre las partes involucradas.